Continúa la polémica sobre el #alcoholimetro. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal ha advertido que alista sanciones contra los usuarios de Twitter que difundan la ubicación de los operativos. La policía capitalina está analizando ´la normatividad vigente sobre redes sociales (¿?) para determinar de qué forma castigará a las personas que revelen información que permitar evitar los retenes. De acuerdo a Othón Sánchez Cruz, director de Programas Preventivos Institucionales de la SSPDF, al utilizar Twitter para difundir las direcciones del alcoholímetro se está incurriendo en un delito.
No sé por dónde comenzar con este absurdo. ¿A qué normatividad sobre redes sociales se refieren? ¿A alguna que se sacarán de la manga, hecha al vapor al calor de los acontecimientos? No sería poco común en México. Ya hemos discutido sobre los dilemas cívicos de publicar la ubicación de un operativo, pero eso jamás significará que se está incurriendo directamente en un delito. ¿Desde cuándo hacer público algo que se observa es un crimen? Parece que es muy difícil de comprender que no es problema de la herramienta, sino de la persona detrás.
Hagamos un ejercicio mental. Supongamos, por un instante, que se aprueban las sanciones a usuarios de Twitter. ¿A quién castigarían? ¿Buscarían una por una a las personas que han subido las direcciones de los retenes? ¿Cómo sabrían de quién es una cuenta que está bajo seudónimo? ¿Rastrearían hasta dar con ella, infringiendo en su privacidad e información personal? ¿Amparados en qué? ¿Bastaría un simple tweet para girar una orden judicial en contra de un usuario?
Basta con la cacería de brujas. Terminar con la confiabilidad de la etiqueta #alcoholimetro, o de cuentas como @AntiAA_DF es relativamente sencillo. Basta con subir direcciones equivocadas. Así de simple. La implantación de ubicaciones erróneas haría perder la confiabilidad en el servicio, y al final, sería un volado hacerle caso o no al Twitter. Algunos ciudadanos inconformes ya lo están haciendo. Si el gobierno quiere involucrarse, una comisión de contrainteligencia puede encargarse fácilmente de sembrar pistas falsas. No se necesitan multas cuantiosas o examinar leyes inexistentes para combatir un problema. Se necesita pensar antes de castigar.