cultura-no-es-un-crimen

La indignación y rabia me inunda tras leer este artículo de El País en el cual se relata el supuesto nuevo procedimiento que el Gobierno de España incluirá en un anexo a la Ley de Economía Sostenible para cerrar webs que, a criterio de unos pocos, infrinjan derechos de propiedad intelectual y con el cual nuevamente han mentido a la comunidad de internautas españoles.

Nos han mentido ya que tras toda la revuelta digital vivida en días pasados con el #manifiesto como columna vertebral José Luis Rodríguez Zapatero, el Presidente de España, aseguró que ninguna web se cerraría sin procedimiento judicial previo, lo que ahora hemos descubierto es verdad solamente a medias.

De primeras la disposición de la discordia no será eliminada ni tampoco modificada y de segundas una Comisión Administrativa seguirá siendo la encargada de denunciar y echar el cierre a webs. ¿Entonces qué hay de nuevo? Pues más bien poco. El nuevo anexo establece un procedimiento cautelar donde un juez decidirá si la decisión de bloquear o cerrar una web vulnera ciertos derechos fundamentales, pero este no entrará a valorar en profundidad si el sitio web que sea se cierra o no por cometer determinadas infracciones de propiedad intelectual con lo que la potestad de cerrar webs sigue quedando en manos de la comisión administrativa dependiente del Miniterio de Cultura. David Bravo explica el nuevo procedimiento de una forma muy simple (las negritas son mías):

Si un juez entiende, por ejemplo, que las webs de enlaces no suponen un ejercicio de un derecho de libertad de expresión o información -lo que es fácil que suceda y que es radicalmente distinto a determinar que la web sea ilícita- el asunto quedaría en manos de la comisión del Ministerio de Cultura que será quien decida si esta web infringe derechos de propiedad intelectual y, por lo tanto, si debe o no cerrarse según su propio criterio.

Estoy cansado, al igual que muchos, de que nos intenten colar bien a base de callar, bien a base de florituras juridico-lingüísticas modificaciones legales que no hacen otra cosa que proteger a una industria obsoleta por la pura presión que ejerce sobre la política. Es extremadamente grave que el poder ejecutivo siga intentando apartar al judicial del tema de la propiedad intelectual debido a que este siempre resuelve en contra de los lobbies. Estamos viviendo un auténtico ataque contra derechos fundamentales por Estados de medio planeta por puras presiones de un “imperio económico”. Los ciudadanos no tenemos la culpa de que el modelo productivo actual se haya quedado obsoleto, hay que buscar soluciones a ese problema, no seguir sustentando un modelo insostenible a golpe de disposición.