Google le ha recomendado al gobierno mexicano que no se adscriba al Acuerdo Comercial Internacional Antifalsificación (ACTA). Manuel Tamez, responsable de las políticas públicas del buscador, ha comentado que el acuerdo es una amenaza a la libertad de expresión en Internet, y que la adscripción de México podría traer más problemas que beneficios.
México es el único país de América Latina que contempla adherirse al ACTA. Esta iniciativa es, de acuerdo con sus impulsores, una respuesta "al incremento de los bienes falsificados y obras protegidas por copyright pirateadas en el mercado global". Los alcances de ACTA son amplios, que van desde la falsificación de bienes físicos, hasta la distribución de material protegido por copyright a través de Internet.
Los primeros promotores del ACTA fueron Estados Unidos, la Unión Europea, y Japón. Poco a poco, países como México, Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Jordania, Singapur, Canadá, Marruecos, o los Emiratos Árabes Unidos se han unido a la iniciativa. Sin embargo, Tamez argumenta que México no tiene razones de fondo para suscribirse, y que incluso, los defectos en el acuerdo lo han llevado a reformularse en otros países.
Además, impera un secretismo fuerte ante el ACTA, ya que las reuniones se realizan con la mayor discreción posible. "Es algo que ha crecido en las sombras, como Gollum", señala Daphne Keller, una consejera política de Google. Keller opina que la adopción internacional del ACTA podría incrementar las responsabilidades de los intermediarios en Internet --- como los buscadores. Por ejemplo, una sección del acuerdo obliga a los proveedores de Internet a deshabilitar el acceso a material pirata, y a adoptar una política respecto la transmisión no autorizada de materiales protegidos por autor.
Existe un movimiento de resitencia al acuerdo denominado Open Acta, el cual solicita que el texto de la propuesta sea sometido al escrituinio y análisis público. Open Acta sostiene que este acuerdo es un atentado contra los derechos fundamentales; y el acceso y difusión del conocimiento. Si bien hay partes del tratado que son muy rescatables, como la falsificación de bienes físicos (sobre todo, enfocada a las medicinas), al meterse con la distribución de material en la red, no hay manera de establecer los límites. ¿Qué estará permitido, y qué no?
La aplicación de ACTA en México es una cuestión delicada. Por una parte, es un país que vive dentro de la cultura de la piratería física (para muestra, el índice de software ilegal; pero también es un país con políticas coercitivas como la ley Manzanero. Ustedes, ¿qué opinan? ¿Le conviene a México adscribirse al acuerdo?