La Agencia de Protección Ambiental (EPA, Environmental Protection Agency) ha anunciado que ya no aceptará estudios que acepten haber usado pruebas químicas en seres humanos. En 2006, bajo la presión de la industria química, la EPA aprobó que se presentaran análisis que utilizaran personas como conejillos de indias en ciertas pruebas de toxicidad.
Sin embargo, hace unos días la EPA ha reculado esta polémica decisión. Prácticamente cualquier código de ética médica prohibe que se prueben sustancias químicas o drogas que puedan causar daño. Sin embargo, la industria química ha argumentado que la EPA debería aceptar los resultados de exámenes en los que voluntarios sanos son pagados por exponerse a toxinas, bajo el argumento de que éstos proveen un escenario más exacto que los estudios en animales.
Los críticos señalan que los resultados no valen la pena, ya que las compañías utilizan grupos de personas pequeños, no representativos de la población general. Estos estudios ponen a la gente en un grave riesgo físico, sin más beneficio que un puñado de billetes. "Los pesticidas están intencionalmente diseñados para ser tóxicos. Su propósito es matar insectos y plantas invasivas", señala la senadora Barbara Boxter.
La legisladora denuncia que en los experimentos, los voluntarios tragan tabletas con insecticidas, se sientan en cámaras con vapores pesticidas, aplican estas sustancias directamente en su piel --- e incluso se los disparan directamente en los ojos y nariz. Peor aún, Boxter denuncia que la industria oculta qué se está investigando a los voluntarios. "Los sujetos no fueron advertidos por los daños de la exposición a los pesticidas. Algunas veces, ni siquiera se les decía que las sustancias probadas eran pesticidas", explica la senadora.
Las pruebas en seres humanos fueron aceptadas durante la era de Bush (¿a alguien le sorprende?), bajo la tutela de Stephen Johnson, un ex científico de la industria tabacalera. No obstante, el gobierno actual quiere frenar que las compañías se aventajen de las poblaciones vulnerables, necesitadas de dinero, para que sirvan como ratas de laboratorio. La nueva disposición deroga este permiso a las empresas. Entonces, ¿de dónde saldrán los datos sobre exposición a estas sustancias? De los reportes de envenenamiento accidental, exposición de trabajadores de la industria, y otras fuentes inintencionales.