Mientras la Unión Europea analiza y decide cuál es su postura frente a la neutralidad en la red el gobierno español lo tiene decidido y bien claro: adiós muy buenas. En un documento que ha enviado (PDF) a la Comisión Europea se analiza la situación y desde el gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero se apoya el fin de la neutralidad en la red afirmando que está no debe entenderse de un modo estricto. Con esto se hace referencia a que todos los usuarios no tienen por qué recibir un servicio idéntico, en términos de capacidad o calidad.

Desde el Ministerio de Industria se pide que no se refuerce la neutralidad sino que haya restricciones, bloqueos y gestión del tráfico, a condición de que los ISP no hagan discriminaciones indebidas.

Para el Gobierno de España, Internet no es una vía de comunicación, sino un negocio que se puede categorizar y meter en un paquete para que las empresas puedan gestionarlo del modo que quieran. Para estos políticos actualmente todos los clientes recibimos un mismo trato, cuando realmente no es así ya que cada uno paga en función de la velocidad que contrata. Normalmente no suele haber un límite en cuanto transferencia mensual pero en algunos casos sí lo hay, como en las conexiones de datos vía redes 3G e incluso comienzan a darse los primeros casos en la banda ancha tradicional.

Esto no existe para ellos y es así porque desde algún lugar les habrán dado una llamadita. El modelo actual no es suficiente o no es tan rentable como podría gustar, así que cambiemos las reglas y permitamos a las empresas de telecomunicaciones crear paquetes con servicios cual servicio de cable de televisión: si quieres acceder a Facebook y Google tienes este paquete por ese precio, pero no puedes acceder a Twitter y YouTube, para acceder a estos tienes que tener este otro paquete que tiene ese precio más caro.

Esta visión es un tanto extrema, pero es lo que se deriva del documento remitido por el gobierno español a la Comisión Europea. Ese punto al que sugieren llegar considerando adecuada la oferta de diferentes velocidades o precios dependiendo del servicio que se utilice es cuanto menos, para llevarse las manos a la cabeza. Yo, como usuario de Internet, pago religiosamente la conexión que uso y me gusta saber que si quiero entrar en un servicio o página puedo hacerlo libremente y si esa página es de pago y por leer todos sus contenidos, puedo decidir si pagarlo o no. E incluso me parecería bien que llegado a determinado punto me hicieran pagar por el tráfico de datos que consumo, pero desde luego, pensar en la posibilidad de bloquear o restringir el acceso a determinados servicios según lo contrato, me parece insultante para el cliente final.

Quizá pueda parecer sorprendido, pero para nada, esta es la clase política que tenemos en este país. La que mira primero por las grandes empresas en lugar de por la gente que le vota cada cuatro años, cuando llega ese momento muchas promesas que posteriormente son olvidadas. Pero al final, la culpa es nuestra, porque somos los que les votamos.

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