Que las cosas en España respecto a Internet y su libertad cada vez están más negras no es ningún secreto. ¿No te lo crees? Pues deberías, ya que a la Ley Sinde, el canon digital y SGAEs varias tenemos que sumar el pulso que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD mantiene con el mastodonte de las búsquedas Google desde hace más de dos años.
Como digo todo arrancó hace más de dos años, momento en el que la AEPD comenzó a endosarle resoluciones a Google en las que les obligan a eliminar de su índice y caché ciertos enlaces (unos cien en total) que llevan a informaciones potencialmente difamatorias publicadas en toda clase de sitios (desde en medios de comunicación como por ejemplo El País hasta en boletines oficiales del estado).
Es decir, que de manera resumida la AEPD le está pidiendo a Google que dejen de ser intermediarios para pasar a convertirse en censores, a lo que la compañía de Mountain View no está dispuesta así que han decidido defenderse de los intentos de censura de la AEPD ante la Audiencia Nacional. Concretamente el conflicto llegará por primera vez a los juzgados españoles este mismo miércoles como consecuencia de la demanda interpuesta por Google a la AEPD y una de sus resoluciones en la que exigen a la empresa la retirada de cinco enlaces (cuatro llevan a información publicada en boletines oficiales y uno a una noticia aparecida en El País).
En esta primera vista Google se defenderá de la resolución de AEPD tirando de los argumentos --muy lógicos en mi opinión-- que han comentado públicamente en varias ocasiones y básicamente se pueden resumir en una frase: Google refleja lo que se publica en Internet, pero la responsabilidad sobre los datos y las informaciones es de quien los pone en la red de redes, no de ellos.
Y dicho todo esto, esperar es lo que toca. Personalmente rezo para que el juez de la Audiencia Nacional que instruya el caso tenga dos dedos de frente y termine fallando a favor de Google. Lo contrario, la ratificación de la resolución de AEPD, sentaría un peligrosísimo precedente jurídico para la ya maltrecha libertad de Internet.