Hace unos días se conoció la sentencia que abría por primera una vía de escape en España ante el llamado canon digital y su cobro a empresas y profesionales. El "Caso Padawan" finalizaba con la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, quién determinó que la demanda de la SGAE contra Padawan S.L y su negativa a pagar canon compensatorio no tenía razón de ser, limitando las acciones de la SGAE y la aplicación del canon únicamente sobre soportes digitales comercializados a particulares, no a empresas y profesionales. ¿Principio del fin del canon digital?
Hoy la Asociación de Internautas ha pedido ante la Audiencia Nacional la anulación del mismo. En un comunicado, la asociación resumía lo siguiente:
El canon digital establece un abuso injustificado sobre los consumidores y un privilegio financiero discriminatorio a favor de un sector privado. Los pilares del canon se están poniendo en duda por los tribunales. La sentencia en el "caso Padawan" establece que tan sólo está justificado el devengo del canon sobre los soportes digitales vendidos o puestos a disposición de particulares, que presumiblemente vayan a ser destinados a un uso privado y no a una actividad profesional. No tiene sentido repercutir sobre una empresa o un profesional la financiación de la compensación equitativa por copia privada, al adquirir soportes digitales para su actividad empresarial o profesional
Es nuestro derecho como ciudadanos exigir competencia libre de abusos entre agentes económicos y precios justos de mercado. Todos ganamos. Los ciudadanos veremos menos impuestos pagados por nada, los consumidores tendremos precios más justos en mercado, y las sociedades gestoras de derechos de autor ya no va a perder esos más de 80 millones de euros anuales, mira que bien
Lo que viene a pedir esta Asociación y otros tantos cientos de miles de personas, entre las que me incluyo, es el fin de una regulación que la propia Unión Europea consideró ilegal en su momento. Una regulación que por otra parte ha acabado por confirmarse como una clara discriminación sin sentido sobre el propio consumidor.
Tiene gracia que pasados ya varios meses desde la sentencia del Tribunal de la Unión Europea, ese organismo al que el propio Gobierno acude últimamente para regular y legislar, en España no se haya movido ficha. Una trampa para recaudar basada en el vacío que existe actualmente confrontando la sentencia del TJEU, ya que no es vinculante, con la legitimidad que otorga la Unión Europea para el cobro de tasas al ciudadano como compensación a los dueños de los derechos. En otras palabras, el Gobierno aplica y define "compensación equitativa" para no perder los millones de recaudación anual. Mientras tanto, los consumidores seguimos siendo los damnificados.