Después del juicio que ganó el año pasado contra la demanda interpuesta por el grupo antipiratería AFACT, la ISP australiana iiNet ha estado detrás de una idea, un proyecto común donde se impliquen el resto y puedan regular el marco de las descargar de contenidos protegidos en las redes P2P. Pues bien, desde hace unas horas, Michael Malone, jefe de la compañía, ha explicado las bases del mismo, una regulación marcada por una escalada de multas a los usuarios que infringan las normas y que recuerda tristemente a la Ley Hadopi de Francia.

El informe se ha realizado después de estudiar durante gran parte del año pasado las conductas y usos ilícitos en las P2P. En el mismo se incluye un organismo independiente para detectar, advertir y finalmente castigar al infractor. Un movimiento claramente enfocado a no pasar ni una vez más por infractor, apoyando al lobbying de la Industria y adoptando una medida de dudoso calado. Así lo explica Malone en el proyecto bajo el título “Fomentar el uso legítimo de los contenidos online”:

Hemos desarrollado un modelo que aborda las preocupaciones de las ISP, atractiva para todos. Incluimos en la misma un árbitro imparcial para la solución de las controversias y las penas para los delincuentes. Al igual que con el exceso de multas, una infracción de bajo nivel conllevaría una pena limitada o grave, en función del nivel de infracción. La gravedad se determinará a través de la regulación.

Existirán puntos de mérito o multas y después de un tiempo establecido expiran las mismas de los infractores. Podría haber una escala de multas que vayan de “menores” (1 sola infracción) “mayores” (varias infracciones) o graves (aquellos que además se estén lucrando de la infracción). En el caso de que un abonado reciba una infracción y no haya sido el culpable, tendrá una opción a identificar al mismo

Y esta es la propuesta. Dudas al leerlo tengo muchísimas. La primera y más importante de todas es en base a qué crearían este órgano independiente o árbitros, quiénes serían y bajo qué acciones actuarían y en cuáles no. Las penalizaciones por otra parte ¿estarían reguladas? Para la propia Industria sería muy sencillo ejercer una presión sobre los proveedores para dar un “castigo ejemplarizante”. Por último, la infracción y posterior opción a identificar al infractor suena cuanto menos raro, ¿no? Leyes que más que aportar, intentan censurar, como son la Ley hadopi o próximamente la Ley Sinde, deberían ser desterradas como ideas válidas. Veremos en qué acaba esta última, pero parece que la propuesta se debe más a las presiones por parte de la Industria o desde los propios alojamientos como la última propuesta de BitTorrent.