Hace un año la Ley de Economía Digital británica fue aprobada de la forma en la que se acostumbra hacerlo con leyes sin sentido para la sociedad: con prisas y una discusión en donde solamente el 5% del Parlamento Británico participó.
Los proveedores de Internet más grandes de Gran Bretaña, Talk Talk y BT, declararon hace un año que se opondrían a las extremas medidas de la Ley de Economía Digital e incluso irían a la corte para impugnar esta ley que deja a los británicos a merced de una industria empeñada en hacer todo lo posible para limitar la circulación de material cultural a sus productos.
Los ISPs lograron la revisión jurídica de la draconiana ley conocida como “Deact” , pero ayer BT y Talk Talk perdieron ante la corte británica en la defensa de los derechos y libertades de sus usuarios ya que el juez Parker considera que:
Desde el punto de vista del dueño del copyright y lo suscriptores, la DEA representa un sistema más eficiente, focalizado y justo que los arreglos actuales.
Aunque es difícil predecir los efectos de las medidas contempladas por la DEA, existen razones para creer que dichas medidas podrán tener un efecto positivo
El juez Parker reconoció que el costo del envío de las notificaciones de infracción a usuarios será de 25% para los ISPs y 75% de los titulares de derechos.
La Ley de Economía Digital es un mantra contra la piratería que día a día vemos colarse en los parlamentos y congresos mundiales: retención de datos, presunción de culpabilidad, envío de notificaciones de infracción, disminución de velocidad o bien desconexión total como castigo por infringir copyright. El problema más grande como lo señala el grupo de derechos digitales Open Rights Group, es la omisión de un debido proceso y presunción de inocencia:
Debido a que se sugieren castigos muy severos —en donde la evidencia puede ser errónea— hay una obligación fundamental de presumir inocencia y pruebas en los casos. El debido proceso es aún más importante cuando se trata de nuevos campos de evidencia y delitos menores
Y es que descargar contenido protegido con copyright sin fines de lucro es un delito insignificante. El file-sharing no es ni delito, es una práctica social establecida, que permite el intercambio de todo tipo de información —algo mucho más complejo que el contenido— y que va mucho más allá del entretenimiento y las dudosas pérdidas que se le atribuyen al P2P.
Los argumentos de BT y Talk Talk para impugnar la Ley de Economía Digital incluyen el hecho de que se violan las leyes de privacidad, se responsabiliza a los ISPs de las supuestas infracciones cometidas en sus redes y sobre todo los castigos desproporcionados que se proponen, de acuerdo a The Guardian.
¿En qué momento de la historia la vigilancia desproporcionada y sin razón ha tenido un efecto positivo? Tal vez los jueces británicos deberían de leer un poco a Deleuze o de pérdida escuchar a alguien de la industria, el magnífico Stephen Fry, acerca del error que la industria comete al criminalizar de forma tan agresiva a la sociedad.
Dudo que esta ley logre que la industria venda más contenido ya que es obvio que las notificaciones masivas derivarán en la extorsión legal, es decir, acuerdos monetarios extra-judiciales para evitar ir a la corte, al estilo de los llamados copyright trolls de RightHaven y de la (afortunadamente) desaparecida ASC:Law.
Es increíble que la única solución en la mente de la industria sea la vigilancia de las redes y la criminalización, cuando el verdadero problema es el abuso del mercado que evita la existencia de modelos legales.
La industria está haciendo un drama mundial (de consecuencias nefastas) para que se acabe la piratería, cuando lo que se necesita para que la propiedad intelectual sea funcional es arreglar el régimen de copyright: la solución es el problema.
BT y Talk Talk ven a este veredicto como una batalla de las tantas que estan por pelearse para defender nuestros derechos:
Estamos revisando este largo y complejo juicio y considerándo nuestras opciones, las cuales pueden incluír una apelación o una solicitud de que la corte se refiere a la Corte Europea de Justicia. Aunque perdimos esta particular batalla, continuaremos peleándo para defender los derechos de nuestros consumidores contra esta imprudente legislación.
Ni hablar, mientras la industria cree que ganar significar convertir a las instituciones judiciales en teatros guiñoles para que sus grandes artistas puedan viajar en jets privados y alucinar que tienen talento como Alejandro Sánz, la tecnología seguirá hacia adelante junto con todos los potenciales consumidores que cada día ahuyentan más.
Imagen: 917press