A lo largo de los últimos tiempos hemos visto muchos casos que demuestran lo completamente absurdos e injustos que son la mayoría de los actuales marcos legislativos que en teoría sirven para proteger a las creaciones artísticas y sus autores. Por ejemplo tenemos la ley de propiedad intelectual española, esa contra la que cada vez más voces se levantan esgrimiendo diferentes prácticas y funcionamientos vergonzantes a los que ahora tenemos que sumar la destapada por Público.
Según la ley española de propiedad intelectual toda creación, sin importar su índole, pasa a estar libre de derechos transcurridos 80 años desde la muerte de su autor (lo que ya es una burrada de por sí; España es uno de los países donde las obras están protegidas por derechos durante más tiempo). Pero resulta que dicha ley también permite reelaborar versiones de obras ya creadas una vez son de dominio público las cuales generan nuevos derechos de autor durante 25 años al que crea y registra la reedición de la obra. A este desaguisado, que más adelante quedará claro por qué lo es exactamente, hay que sumar que en España existe un organismo público, el Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), que básicamente se dedica a reeditar viejas obras musicales con el teórico objetivo de recuperarlas-adaptarlas para que la ciudadanía pueda disfrutar de ellas.
Esa es la teoría que a priori no suena mal pero en la práctica --la vergonzante que decía al principio-- tenemos que determinados autores, entre ellos Emilio Casares, director del mencionado organismo, se están dedicando a elaborar versiones de obras con los derechos de autor caducados a petición de ICCMU añadiendo modificaciones contadas (con cambiar un par de notas, una coma o similares de una obra es suficiente para que se considere nueva a efectos legales) pasando a percibir el total de los derechos de autor de las mismas. Por otro lado ICCMU ejerce un monopolio sobre una parte importante de las partituras que utilizan orquestas y teatros porque el instituto es el único que puede acceder a los archivos de la SGAE. Si lo descrito no se parece mucho a los tinglados de las mafias que baje dios y lo vea.
La conclusión es bastante obvia: nuestra ley de propiedad intelectual es estúpida porque hace aguas por todas partes. Además de ser parcialmente ilegal por la sentencia desfavorable del TJUE contra el canon digital, como vemos permite el desarrollo de estrategias para abusar de los derechos de autor y dificulta la distribución de la cultura al servir para que gente capitaneada por un organismo estatal vuelva a proteger obras de dominio público mediante su reelaboración añadiendo pequeños cambios innecesarios.
Lo más grave es que la actual legislación española de propiedad intelectual tiene otros agujeros imposibles de parchear y es un marco que ha posibilitado cosas como la trama empresarial de desvío de fondos de la SGAE al blindar y otorgarle un poder inusitado a las sociedades de gestión. Para rematar la jugada nuestra incompetente ministra de cultura, Ángeles Gónzalez-Sinde, no está por la labor de una reforma completa de la ley de propiedad intelectual; en vez de eso aboga por introducir pequeños cambios que servirán de poco.
Ojalá algún día haya verdadera voluntad política para cambiar este paupérrimo panorama que no beneficia a ninguno de los actores principales: ni al ecosistema cultural a nivel general, ni a los autores, ni a los consumidores.
Imagen: Mira66