Ayer saltaba la noticia de que el Gobierno español estaba a punto de anunciar la supresión del canon digital pero al poco de salir la información quedó “tocada” al declarar Elena Valenciano, secretaria de Política Internacional del PSOE, que no le consta que el ejecutivo tenga intención de comunicar la supresión de dicha tasa y que sigue trabajando en una solución que proteja tanto a los derechos de los autores como a los usuarios. Pues bien, ahora a esa información se ha sumado otra que da pistas de por qué el Gobierno está tardando tanto en modificar el canon digital que también concuerda con el desmentido de Valenciano (y eso es lo más interesante, que la información que nos ocupa si que cuadra a la perfección con la línea oficial).

Teniendo en cuenta la mentada noticia y como comentó Valenciano, efectivamente el Gobierno todavía no está preparado para anunciar nada por que cada uno de los ministerios a los que les incube el canon digital (el de Cultura capitaneado por Ángeles González-Sinde y el de Industria comandado por Miguel Sebastián) discrepan entre sí sobre las medidas a tomar en relación al canon digital por lo que todavía no han llegado a un acuerdo —de ahí también que estén tardando tanto en hacer algo; recordemos que en su día, como consecuencia de las sentencias del Tribunal de la UE y la Audiencia Nacional contra el canon digital español, el Gobierno prometió reformular el canon mediante real decreto en un plazo de tres meses para adaptarlo “al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea”, pero dicho plazo terminó hace un mes y seguimos sin reforma—.

Concretamente Sebastián y su ministerio defenderían la opción de suprimir el canon digital (lo que tiene lógica ya que es lo mismo que pide la industria tecnológica) y Sinde aboga por adaptar el actual canon a lo dicho por el tribunal europeo en su sentencia —es decir dejándolo de cobrar a las empresas— evitando por todos los medios que las entidades de gestión se queden sin los actuales 100 millones de euros al año que llegan a ingresar por este concepto —aunque en la presidencia de alguna haya sentado un imputado por presunto delito de desvío de fondos—.

¿Cómo pretende Sinde conseguir eso? es la siguiente pregunta obvia. Pues entre las opciones barajadas por Sinde y su departamento, habría soluciones tan estúpidas y agresivas como por ejemplo traspasar el canon a las conexiones ADLS, subir las tasas que pagan los particulares al comprar productos tecnológicos o sacar el dinero que se dejaría de percibir al no cobrar canon a empresas y particulares de los Presupuestos Generales del Estado.

Y así parecen estar las cosas. Ahora solamente nos queda rezar para que sea Sebastián el que gane la batalla interna y no la ministra Sinde, la cual todas las fuentes indican que estaría cerca de llegar a su fin impulsada en gran parte por la presión que está sufriendo el Gobierno como consecuencia de la investigación que la Audiencia Nacional mantiene abierta contra la cúpula de la SGAE por presuntos delitos de desvío de capitales.