La reforma de la ley de Telecomunicaciones española, que entre otras cosas garantizaría la neutralidad de la red en el país, no se aprobará en lo que falta de legislatura. Así de claro ha sido Juan Junquera, Secretario de Estado de Telecomunicaciones.
Los trámites para reformar la Ley General de Telecomunicaciones arrancaron el pasado mes de julio, momento en el que el PSOE presentó enmienda con dos puntos claves para la defensa de la neutralidad de la red que modifican el Artículo 38, Derechos de los consumidores y usuarios finales, de la mentada legislación. El primero de ellos protege el tráfico con lo que bloquear, modificar o retrasar el intercambio de datos de cualquier índole y mediante cualquier protocolo pasaría a ser ilegal; es decir que por ejemplo un paquete de datos proveniente de una red P2P pasaría a tener el mismo nivel de protección que el tráfico generado al visitar cualquier web.
Por otro lado el segundo punto blinda legalmente el derecho de los ciudadanos a:
[..]acceder a contenidos, a ejecutar aplicaciones y a utilizar servicios de su elección, así como a conectar dispositivos a la red sin más restricción a su interoperabilidad que aquella que establezcan las leyes.
O dicho de otro modo, que los ISP no podrían restringir el uso de determinados programas, como por ejemplo Skype o WhatsApp, o prohibir el acceso a determinadas webs (eso sí, los sitios de enlaces P2P quedarían igualmente sin protección gracias a Ley Sinde.
Pero finalmente todo esto tendrá que esperar gracias a la incompetencia de los políticos gobernantes en España.
La reformulación de la ley de Telecomunicaciones era algo que todos los partidos sabían que había que hacer para adaptarla a las directivas europeas que hace tiempo salieron de la Comisión de la Agenda Digital europea. Sin embargo esperaron hasta el último momento y ahora, como consecuencia del adelanto de las elecciones generales, les ha pillado el toro. Mejor dicho, nos ha pillado a todos, porque es probable que debido al retraso de la tramitación tengamos que pagar multa con el dinero de nuestros impuestos:
Es la peor noticia que os podíamos dar, porque estaríamos encantados de aprobarla, además, seguramente Bruselas nos abrirá un expediente y, como no aceleremos el proceso, nos podrá caer una multa.
Dejando de lado las excusas expuestas por el secretario para justificar la lentitud de la reforma --según él había aspectos de la ley complicados de interpretar que Bruselas tenía que aclarar--, como decía la realidad es que estamos ante otro nuevo ejemplo de hasta qué punto son incompetentes nuestros políticos. El caso que nos ocupa chirría especialmente por tres razones:
- Los dos principales partidos, PP y PSOE, están de acuerdo desde el principio en todos los aspectos clave de la reforma.
- Con la disculpa de agilizar el proceso decidieron saltarse los trámites parlamentarios (adiós debate) y regular la ley mediante Real Decreto que se aprueban en el Consejo de Ministros.
- Parte del trabajo necesario para reformar la ley vino hecho desde Bruselas. Las directivas europeas marcaron las líneas principales a seguir.
Aún así, no han sido capaces a cumplir la hoja de ruta prevista y será el próximo gobierno quien tenga que terminar el trabajo. Patético.