En México, tal parece que el gobierno esta empeñado en erosionar el Estado de Derecho. El día de hoy el Congreso aprobó un dictámen que autoriza que los proveedores de servicios telefónicos sean sancionados si no cooperan con la Procuraduría General de Justicia para identificar a usuarios “que utilicen el servicio con fines delictivos”. De acuerdo a la Revista Eme-equis, el argumento del legislador priísta, José Adán Ignacio Rubí Salazar es que la medida serviría para frenar los altos índices de impunidad en que operan...