Anoche nuestra compañera Geraldine nos comentaba un hecho que se iba a suceder en el día de hoy: la Comisión Europea iba a firmar su adhesión a ACTA, el Anti-Counterfeiting Trade Agreement o Acuerdo comercial anti-falsificación, un acuerdo internacional de adhesión voluntaria que otorga una férrea protección a cualquier tipo de contenido sujeto a copyright que impone, a nivel internacional, sanciones y penas de cárcel. Este marco regulatorio es bastante oscuro puesto que no pertenece a ningún organismo de carácter oficial (UE, ONU, OMC, etc) y las negociaciones de adhesión suelen ser bastante herméticas y, tal y como estaba previsto, hoy era el turno de la Unión Europea y 22 de sus países miembros, entre ellos España, y tal y como se había previsto, han firmado su adhesión a ACTA en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón.

Concretamente, los Estados miembros de la Unión Europea que se han sumado a ACTA son, además de España, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, Suecia y el Reino Unido; 22 países que se unen a un dudoso “selecto club” formado por Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur.

ACTA imprime una respuesta “armonizada” o, dicho de otra forma, una respuesta uniforme en todos los países adscritos al acuerdo para proteger la propiedad intelectual (marcas, diseños, patentes, obras, etc) y luchar, de manera bastante vehemente, contra cualquier actuación que bajo el criterio de ACTA supongan una infracción.

En España, como supongo habrá ocurrido en el resto de países que se han adherido, los representantes de la industria están contentos con este movimiento y, lógicamente, los usuarios están en el extremo opuesto ya que ACTA puede ser, incluso, mucho peor que la ya retirada Ley SOPA de Estados Unidos. Si SOPA era algo local a Estados Unidos (aunque tenía el peligro de que otros países intentasen copiar la idea y exportarla a sus países), ACTA al ser un acuerdo global el peligro es mucho mayor porque cercaría a muchos servicios que operan en la red y, conforme se sumen más países, mayor será el cerco. Servicios como Twitter, YouTube, Google o Wikipedia podrían estar en el punto de mira de este marco regulatorio por el simple hecho de almacenar o difundir contenidos con derechos protegidos.

¿Y ahora qué? Afortunadamente no todos los miembros de la Unión Europea han firmado su adhesión (Holanda, Chipre, Eslovaquia, Estonia y Alemania se quedaron fuera), un detalle bastante importante si tenemos en cuenta el gran peso que tiene Alemania en el seno de la UE (donde últimamente parece llevar las riendas de la Unión), además, para que el acuerdo pase a ser definitivo es necesario que el Parlamento Europeo lo ratifique y, en el caso de aprobarlo, es de suponer que cada uno de los países miembros deban transponer este marco en sus respectivas legislaciones y someterlo a la aprobación de sus parlamentos.

Es decir, en el caso de España, mucho me temo que vamos a seguir sumando legislaciones que restringen las libertades en la red, primero con la Ley Sinde y ahora con ACTA, ¿qué será lo siguiente?

Imagen: CP21