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Y con toda razón. La Ley de Geolocalización es parte de la tendencia legislativa del gobierno mexicano para legalizar la vulneración de los derechos sus ciudadanos. Aprobada gracias a la presión de grupos civiles dirigidos por padres de víctimas de secuestro, Alejandro Martí y la ahora candidata del PAN Isabel Miranda, dicha ley fue aprobada la semana pasada por unanimidad, con 315 votos a favor de parte de los brillantes legisladores mexicanos.

En México no hubo ni una protesta, nadie se quejó y muy pocos fueron los que intentaron difundir la información al respecto, parecería que a los mexicanos les tiene sin cuidado la erosión de sus derechos. Pero afortunadamente, Electronic Frontier Foundation emitió un comunicado en el cual informa al mundo entero de esta deplorable ley, calificándola de “alarmante”:

Hay un potencial significante para el abuso de estos nuevos poderes. La ley ignora el hecho de que todos los teléfonos celulares transmiten datos de localización detallados de cada individuo a las operadoras, al ser almacenada en un solo lugar — en el proveedor de servicios de telecomunicación — la policía tendrá acceso a datos más precisos, comprensivos y penetrantes que jamás hubieran sido posibles de obtener con el uso de dispositivos de localización. El gobierno mexicano debe de ser más sensible ante el hecho de que las compañías de servicios móviles ahora graban huellas detalladas de nuestras vidas cotidianas.

La sensibilidad y honestidad no son unas de las características del gobierno mexicano. EFF ha señalado con anterioridad como tanto las autoridades como los criminales abusan de su poder para vulnerar los derechos y libertades de sus ciudadanos. El caso de @MareoFlores y de los llamados Tuiterroristas son solo algunos de los casos más visibles, pero no los únicos ni los más graves.

Uno de sus principales impulsores, Alejandro Martí, publicó ayer en el sitio de noticias Animal Político, una editorial en la cual aplaude su adopción y explica sus bondades desde su punto de vista. En palabras del orgullo impulsor la Ley de Geolocalización promoverá un sistema de justicia más justo y eficaz:

- Regulará legalmente un comportamiento que ya existe de facto. (Actualmente las autoridades ya acceden a información de localización geográfica sin necesidad de un proceso y de manera totalmente discrecional)
- Permitirá el bloqueo inmediato de los equipos reportados como robados o extraviados, para evitar sus utilización para fines delincuenciales.
- Obligará a que los teléfonos cuenten con una combinación de teclas de fácil acceso que permitan enviar señales de auxilio.
- Establece responsables operativos en la función de colaborar con las autoridades en la localización geográfica, es decir, sabremos quienes son los responsables de brindar la información de geolocalización de una persona.
- Contempla la geolocalización en tiempo real de llamadas telefónicas en caso de secuestro.
- Cortará señales de celular al interior de los penales para eliminar las llamadas de extorsión.

No se debería de tratar de legalizar un comportamiento ilegal de facto sino más bien de legislar para que ese comportamiento abusivo no fuera posible en lo absoluto. El ideal sería que la protección de los datos personales, los derechos humanos y la seguridad de las personas fuera un comportamiento de facto, no solapar los abusos.

EFF explica como Alemania — un país en el cual la privacidad es valorada por sus ciudadanos (históricamente) y la rendición de cuentas por parte del gobierno no se considera un favor sino una obligación— el político y entusiasta de la protección la privacidad, Malte Spitz, forzó a su compañía de teléfono a revelarle sus datos que retenían. El resultado fueron 35,831 datos que revelan información personal detallada: hábitos, preferencias… la forma en la que vives. El periódico alemán ZEIT, creó un mapa interactivo de la forma en la cual estas intrusivas prácticas traicionan por medio de sus propios datos a los usuarios de servicios de telecomunicación:

En México la Ley de Geolocalización sancionará a las operadoras que no entreguen la información solicitada y además tendrán la obligación de crear departamentos internos para colaborar con las autoridades. ¿Cuántos salarios mínimos de multa vale la integridad de un ciudadano y la cual, depende de sus datos personales?

El experto e investigador en seguridad y privacidad, Jacob Appelbaum, explicó claramente cual es el propósito de la retención de datos en una entrevista para ALT1040 realizada hace algunos meses:

El panorama completo de la vigilancia es la vinculación (linkability). Todos estos eventos, estos datos que se recolectan automáticamente, deben de organizarse de una forma que tengan sentido. La razón por la cuál lo hacen es para proteger estructuras de poder. La idea es que la gente en el poder se quiere quedar en el poder, en el fondo es control social y económico.

No es el caso que la vigilancia funciona igual en todos los contextos. En occidente vemos mucha de la llamada intercepción legal, por ejemplo, la máquina más común de vigilancia es tú teléfono y básicamente entre más dinero tengas mejor te vigila. Hay muchas puertas traseras (backdoors) en los teléfonos móviles.

(La idea es) creamos un dispositivo de vigilancia que accidentalmente hace llamadas. Con la retención de datos, además se convierte en un dispositivo de rastreo. Cuando haces una conexión o una llamada, todo esa información crea un log y también muchos metadatos.

El gobierno mexicano y su sistema judicial demuestran diariamente que no son confiables. ¿Estamos seguros de que esta ley no será abusada? Tan solo el día de ayer la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, liberó un reporte acerca de la situación actual de los defensores de derechos humanos en Latinoamérica-- las observaciones en relación a México son absolutamente devastadoras: (PDF - pág 14)

De acuerdo a la información recibida por la CIDH, los ataques provendrían de actores no estatales pertenecientes al crimen organizado, así como a sectores opositores a las causas lideradas por las defensoras y defensores, sin que las autoridades impidan los ataques, y por el contrario, de acuerdo a la información recibida, habría ocasiones en que éstas solicitarían al crimen organizado realizar el “trabajo sucio” como método para eludir su responsabilidad.

En su justificación editorial, el Sr. Martí omite el hecho de que la confianza es un algoritmo complicado que ninguna tecnología puede proveer. La Ley de Geolocalización es exactamente lo opuesto a lo que se necesita para generar un clima de justicia y legalidad en México. El caso de RENAUT no fue suficiente para los legisladores mexicanos reconocieran los riesgos que implican bases de datos masivas de datos personales y evaluaran de una forma más ética y justa, y menos moralista -- las implicaciones de la aprobación de esta ley en medio del clima de violencia, corrupción y colusión que existe en México.

EFF recomienda comenzar por pedir acceso a los datos de los usuarios que retienen las compañías telefónicas:

Los datos sensibles de esta naturaleza necesitan una protección sólida, no un pase de acceso total. Los defensores de derechos humanos evaluarán todas las opciones legales para cuestionar la legalidad de esta medida. Mientras tanto,, los ciudadanos mexicanos deberían de evaluar la posibilidad de pedir acceso a sus datos personales que las operadoras retienen de acuerdo a la Ley de Protección de Datos.

La Ley de Geolocalización en México debería de ser impugnada de la misma forma en la cual se hizó con la Ley Duarte y rechazada por la ciudadanía al igual que la autoritaria Ley de Seguridad Nacional.. Existe un artículo en la Constitución, el 16, para ser más específica que valdría la pena valorar.

En el blog de Human Rights Geek del abogado Luis Fernando García, se describen las opciones que existen (no quedan muchas) para que se inicie una controversia constitucional contra esta inaceptable y anti-democrática ley. García es puntual:

No debemos ser rehenes del falso debate entre seguridad y derechos. Debemos rechazar que para obtener seguridad debemos otorgar poderes y facultades a la autoridad sin velar por que existan las salvaguardas que eviten el abuso de dichas medidas. Y no hay duda alguna de que esta nueva facultad será abusada. Simplemente existen todos los incentivos para utilizar esta herramienta de manera arbitraria.

Más información: en: La (in)constitucionalidad de la Ley de Geolocalización