Autoridades plantean la necesidad de una regulación que garantice la trazabilidad en IPv6

El pasado 6 de junio, además de conmemorar el 68º aniversario del Desembarco de Normandía, Internet asistió a un hecho de gran importancia puesto que unas 3.000 empresas y grandes players del sector tecnológico como Google, Facebook, Comcast, Yahoo, Microsoft Bing, Cisco o D-Link, comenzaron a operar usando el protocolo IPv6, y coexistiendo con sus operaciones en IPv4, dando así inicio a un nuevo capítulo en la historia de la red. La llegada de IPv6 abre la puerta al llamado Internet de las Cosas al ofrecernos 640 sextillones de direcciones frente al agotamiento de direcciones que estábamos sufriendo con el protocolo actual. Si bien muchos vemos IPv6 como un soplo de aire fresco y una ventana a nuevas oportunidades, existen algunas organizaciones a las que la llegada de este nuevo protocolo no les hace demasiada gracia (al menos en las condiciones actuales) y organismos como la DEA o el FBI estadounidense o la Polícia Montada del Canadá querrían promover una regulación que les permita obtener un censo fiable y actualizado de la asignación de direcciones con la idea de poder identificar usuarios dentro de sus investigaciones, es decir, garantizar la trazabilidad.

En muchos países, a través de mandatos judiciales, las fuerzas de seguridad pueden consultar la asignación de direcciones IP, identificar operadores y requerirles a éstos el nombre del titular de la conexión que tenía asignada una dirección IP concreta. Sin embargo, con el método de gestión actual de IPv6, las direcciones IPv6 censadas por el American Registry for Internet Numbers (ARI) podrían no estar actualizadas debido a que se manejará un mayor volumen de información y se entregarán bloques más grandes de direcciones. En comparación con IPv4, mantener actualizada la base de datos de asignaciones es algo mucho más complejo y para las autoridades (FBI, DEA, etc) esta situación es algo que les preocupa y "desarma" sus actuales sistemas de vigilancia, rastreo o localización.

¿Y cuál es la solución que sugieren? Si la ARI no puede mantener datos actualizados porque los operadores no los proporcionen, quizás la solución pase por obligar al sector privado a mantener los datos al día y, por tanto, promover la redacción de algún tipo de regulación que garantice que los datos van a estar actualizados y no conducirán a las investigaciones a callejones sin salida:

Hoy en día se mantienen registros completos y actualizados con las direcciones IP asignadas a cada operador. Dependiendo de cómo se lance IPv6 al mercado, este registro podría no ser de utilidad a la hora de identificar un dispositivo conectado a la red

¿Ya está pensando el FBI en controlar la red? La respuesta a esta pregunta, realmente, no es nada sencilla y, al final, el buen o mal uso que las autoridades den a este tipo de censos depende exclusivamente de las propias autoridades. Algunas sentencias han dictaminado que una dirección IP no sirve para identificar personas sino que proporciona información relativa a una ubicación, una información que puede seguir siendo de utilidad en investigaciones y procesos judiciales (y, por experiencia, nos pueden requerir información por denuncias de lo más variopinto).