Hace un par de meses les comentaba del aval que dio la Comisión Federal de Competencia (CFC) a la alianza entre Televisa y Iusacell. La televisora de Emilio Azcárraga demostró su interés en adquirir el 50% de la empresa de telefonía, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, dueño también de TV Azteca. Debido al alto riesgo de colusión para fomentar prácticas monopólicas, el caso quedó en manos de la CFC, quien dio su visto bueno con algunas condiciones.
Una de estas advertencias fue que Iusacell no podría contar en su área directiva con miembros de Televisa o Grupo Salinas involucrados en los servicios de televisión abierta o restringida. El candado fue ignorado completamente al invitar a Azcárraga Jean a formar parte de su consejo de administración. El resultado fue una multa de la CFC por 54 millones de pesos, con la posibilidad de una sanción hasta por 10% de las ganancias de la empresa.
Dentro de las condiciones que puso la CFC a Iusacell también destacan que TV Azteca y Televisa no pueden condicionar sus precios de publicidad a servicios de telecomunicaciones, ni condicionar la compra de servicios de Iusacell con otros paquetes de las televisoras. La advertencia de los consejos independientes servía -en teoría- para minimizar los problemas de conflicto de intereses, pero con 1.6 mil millones de dólares en la mesa (monto que pagó por sus acciones), se antojaba difícil que Azcárraga no estuviera involucrado.
La CFC continúa muy flexible a la hora de juzgar esta alianza. A pesar de los antecedentes de Grupo Salinas y Televisa, se le dio un voto de confianza a la operación. Iusacell ya ha desobedecido la primera regla y el castigo económico, pese a sonar fuerte para el usuario común, no lo es tanto para la empresa. Para un comisionado de la CFC, la decisión valía la pena para pedir la disolución, pero los otros lo desestimaron. ¿En serio creen que Iusacell se mantendrá apegada a la ley? Yo lo dudo.