Kyle Goodwin es uno de los cientos de usuarios inocentes que se quedó sin parte de su material profesional subido a Megaupload tras la redada a sus servidores. Un caso con el que la EFF trata de conseguir que la Corte de Estados Unidos ofrezca luz a los motivos en los que se basó el gobierno del país para confiscar de manera indefinida los datos alojados. Según la EFF, sin ellos es imposible que tanto Goodwin como el resto de usuarios puedan defender sus derechos de la Cuarta Enmienda.
Goodwin es un cámara profesional y ha sido elegido por la Electronic Frontier Foundation como representante del resto de usuarios inocentes en el caso contra Megaupload. Lo que se pide al juez federal de Virginia es la apertura de los registros y los documentos relacionados con la incursión en enero en los servidores de Megaupload.
La razón es clara. Sin ellos, tanto el cámara como el resto de usuarios que alojaban sus datos y documentos legítimos no pueden presentar caso alguno para la defensa de sus bienes. No sólo eso, la EFF argumenta que el público y los ciudadanos tienen el derecho a saber cómo se llevo a cabo la redada contra la plataforma y sus servidores.
Y es que a día de hoy se sabe que el cierre de Megaupload estaba motivado por la creencia de que se trataba de un paraíso para la infracción de los derechos de autor. Un argumento que en el caso de Goodwin no es válido. El hombre al igual que otros usuarios no utilizaba Megaupload para la "piratería". Utilizaba la plataforma como medio para llevar a cabo copias de seguridad de sus vídeos como parte de su trabajo. A Goodwin se le rompió el disco duro poco antes de que el gobierno allanara los servidores de la plataforma. Como consecuencia, los servidores hoy confiscados contienen la única copia que queda de la mayoría de sus trabajos, casi todos de un gran valor económico ya que es su medio de vida.
Hoy, más de nueve meses después del allanamiento, el caso ha dado un vuelco y se ha centrado en Nueva Zelanda y la figura de su fundador Kim Dotcom. Aún así, los servidores continúan incautados en un limbo de difícil solución y bajo secreto de sumario que muy pocos entienden. El propio gobierno de Estados Unidos ha afirmado a los tribunales que se han completado todas las labores de búsquedas pero aún así todo sigue igual.
La EFF argumenta que Goodwin necesita la información acerca de cómo el gobierno llevó a cabo el ataque para poder hacer uso de sus derechos en el caso que mantiene contra el gobierno por violación de la Cuarta Enmienda. Además, el grupo de libertades civiles señala que el público y los ciudadanos deben saber y comprender los motivos que llevaron al gobierno a la ejecución de estas órdenes de registro en los servidores de la nube que contenían datos de terceros, propietarios inocentes. Según la EFF:
Los documentos relativos a las acciones jurídicas concretas que el Gobierno ya ha emprendido, y las reacciones de los tribunales a tales acciones, proporcionarán una perspectiva importante y ausente actualmente en esta materia.
Un caso de difícil solución. Hoy sabemos que la propia redada que se llevó a cabo en la mansión de Dotcom, acción en paralelo a la redada de los servidores de Megaupload en Virginia, han sido declaradas ilegales en Nueva Zelanda. El motivo es que la entrada a la casa de Dotcom se basaba en órdenes de registro ilegales en el país. Con todo, abrir los documentos secretos que motivaron la incursión en Virginia podría significar un nuevo escrutinio público a las tácticas del gobierno para derrocar el imperio de Dotcom.