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Tras unos años en España en los que los dos últimos gobiernos han tratado de inmiscuirse en la neutralidad y la libertad de la red, hoy se vuelve a dar una vuelta de tuerca al poder en internet del poder gubernamental. Ayer, el director de la Entidad Pública Empresarial Red.es dio la orden de que, en adelante, cualquier dominio .es pueda ser reasignado desde su legítimo titular a otro al cual considere oportuno este mismo director, si lo considera de interés general.

En otros términos, el director de esta entidad, que depende directamente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España, y a su vez de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, podrá cancelar a su antojo cualquier dominio registrado que acabe en .es si considera que no se corresponde con su titular, como explica el comunicado emitido que conocemos gracias a un mensaje en los foros de BandaAncha.eu.

En teoría, esta medida está enfocada a prever que nombres de organismos públicos, por ejemplo, sean registrados por particulares y puedan llevar a confusión, o directamente que se produzca una especie de suplantación indirecta. En casos extremos, el propietario de dicho dominio puede pedir ciertas concesiones al Gobierno, como ocurrió en mayo de 2008.

Fue cuando los ministerios de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero como Presidente del Gobierno quedaron conformados, y anunciados, sin registrar el dominio web con antelación. Un avispado usuario sí lo hizo, y cuando se le pidió la entrega de éstos, pidió a cambio en su blog que se hiciera efectivo el Trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia.

Sin embargo, este tipo de medidas ponen en jaque la neutralidad de la red, pues ya existían medidas para anticiparse a estos casos, como la prohibición de determinados nombres propios y acrónimos a la hora de registrar un dominio español, sobre todo para evitar la confusión o apropiación de nombres de Administraciones Públicas o de miembros de la monarquía. Naturalmente siempre hay lagunas, especialmente en casos de actualidad o reciente aparición, que dificultaban este proceso de protección de ciertos nombres.

Casos que, hasta ahora, tenían como posibles soluciones la negociación con el titular o acudir a la vía judicial. Ahora este acto de cancelación ya no descansará sobre actos de conciliación ni sobre el poder judicial, sino directamente sobre el poder ejecutivo, quien libremente podrá rescindir la propiedad de un dominio español considerado de interés general para transferirlo a un tercero, que a su juicio represente el interés general que motive la reasignación.

Una expropiación que ni siquiera tendrá compensaciones para su dueño, aparte de la devolución de las últimas tasas pagadas para poder adquirir dicho dominio, pero que no cubren la celeridad de su ya ex-dueño frente al Gobierno Español, ni el posible trabajo de desarrollo de la web que ocuparía el nombre registrado.

Parece evidente que esta instrucción tiene como objetivo evitar casos futuros como el de 2008 con el gobierno del PSOE, pero crea una notable inseguridad a todo aquel que haya registrado o tenga pensado registrar un dominio web español, ante la posibilidad de que el director de una entidad gubernamental decida repentinamente anular su opción. Y sobre todo, hace temer la hipótesis de que en un país con un escenario de crispación y tensión por su situación económica y social, el Gobierno tiene una clara intencionalidad.

Intencionalidad que pasa por un control cada vez mayor de la población, por libertad para cortar la vía de comunicación que mejor ha permitido organizarse a las voces discordantes. Estamos hablando de un Gobierno que, a pesar de contar con la mayoría absoluta más holgada de la democracia española, lleva el camino de superar el récord de Decretos-Ley de su predecesor, 72 frente a los más de 30 que lleva en menos de un año de mandato. Y que añade otra peligrosa posibilidad a sus manos.