La noche de ayer, un amigo en República Dominicana me contactó por Twitter para hablarme sobre la situación que están viviendo en la isla. "¿Has leído sobre lo que ha estado pasando en el país?", me preguntó. Le respondí que no. La realidad es que no es una nación que acapare titulares en la prensa internacional. No obstante, después de empaparme un poco sobre los acontecimientos recientes, me decidí a tomar el teclado para comentarles un poco y, en la medida de lo posible, ayudar a difundir lo que ocurre ahí.

Antecedentes

A inicios de octubre, el gobierno de República Dominicana dio a conocer una propuesta de reforma fiscal que generó mucho descontento entre la población. Esta iniciativa buscan incrementar los impuestos, así como gravar artículos que estaban exentos (como los alimentos), por lo que todos los sectores sociales -ciudadanos, empresarios y trabajadores sindicalizados- se han mostrado inconformes.

Una de las principales críticas a esta reforma es que no contempla cambios en la administración de recursos del gobierno. Es decir, la clase política conserva sus privilegios -entre ellos, salarios muy altos en comparación con el ingreso promedio del país- mientras que el resto de la población sufre las consecuencias. La medida afectaría más a la clase baja y a la media, ya que casi 50% de las recaudaciones de 2013 saldrían del cobro de impuestos indirectos a estos sectores.

Según un artículo de Global Voices al respecto, el rechazo a la propuesta es generalizado:

La sociedad civil de forma casi unánime coincide en que la reforma, lejos de propiciar mejores condiciones de vida para los menos privilegiados, es solo el financiamiento de la rampante corrupción del Estado por no contemplar una mejora en la calidad del gasto. La ciudadanía se niega totalmente a apoyar la reforma si no viene acompañada de radicales transformaciones dentro de la estructura del gobierno que transparenten el uso de los recursos del Estado, el acceso a la información y la contraloría social, además de incluir estrictas sanciones a los responsables de esta crisis.

La Reforma Fiscal es considerada como una medida contraproducente en el país, pues no ataca los problemas de raíz; especialmente, el del tráfico de influencias y la corrupción gubernamental. La medida contrasta con los lujos y el despilfarro de los funcionarios públicos de República Dominicana. La iniciativa, lejos de fomentar la transparencia en la asignación y gasto de recursos, sólo busca generar más recursos para la clase política de la nación.

Manifestaciones y represión

La Reforma Fiscal de República Dominicana fue aprobada hace unos días en el Congreso, y se encuentra a poco tiempo de convertirse en ley, lo que ha provocado que los habitantes del país convoquen a una marcha multitudinaria para este domingo 11 de noviembre. La reforma privilegia a los políticos, quienes reciben pensiones mensuales de 12.500 dólares al mes. Además, grava las compras a través de Internet, uno de los pocos mecanismos que existían para evadir la compra a precios abusivos dentro del país.

En Reddit, un usuario colgó más información sobre la aprobación:

El problema no se resuelve con impuestos, se resuelve haciendo que los responsables paguen. Ni un sólo político ha estado en la cárcel o al menos en juicio, incluso aquellos con evidencia irrefutable sobre fraude y corrupción. La reforma fue aprobada por un Congreso controlado por el gobierno en sólo 19 minutos y sin espacio para el debate. Los congresistas disidentes fueron silenciados y no recibieron la oportunidad de hablar.

Una de las mayores tragedias relacionadas con esta reforma ha sido la muerte de un estudiante en una de las protestas contra la ley en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El gobierno envió a la Policía Nacional con armas y gases lacrimógenos contra los manifestantes; un escenario de represión que la población teme se repita con mayor frecuencia para frenar la inconformidad social. La muerte de este chico ha llevado al gobierno a sustituir al director de la dependencia de seguridad.

Censura

Por último, dada esta coyuntura, llama la atención que el Senado de República Dominicana esté trabajando en una ley en contra de la difamación e injuria personal, elevándola a delito penal. Este tipo de legislación siempre resultan cuestionables por los efectos que puede tener; especialmente, en la inhibición de la denuncia so pena de ser encarcelado o multado.

La ley está diseñada para castigar "expresiones eventualmente ofensivas contra el presidente y el vicepresidente de la República, senadores, diputados, jueces, autoridades electorales y el procurador general de la República". Es decir, cualquier crítica contra algún integrante del gobierno podría pasar por una difamación, sin importar si es cierta o falsa.

La iniciativa contraviene los principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo peor es que ya ha sido aprobada en primera lectura por la Cámara de Diputados, por lo que está próxima a convertirse en ley. Es sumamente sospechoso que esta propuesta aparezca justo ante el clima de incertidumbre que reina en República Dominicana, un país en donde los escándalos de corrupción están llegando a límites inconcebibles. A través de esta legislación, prácticamente se impone una mordaza a cualquier persona que quiera denunciar irregularidades, pudiendo ser juzgada bajo daños a la moral.

Si desean enterarse más sobre la situación actual en República Dominicana y la protesta que tendrá lugar el domingo, sigan la etiqueta #NoReformaFiscal a través de Twitter.