Finalmente, el Senado mexicano se espabiló para cuestionar al Poder Ejecutivo sobre el Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP). A través de la Comisión de Relaciones Exteriores, la senadora Iris Vianey Mendoza emitió un exordio para recibir un informe sobre las implicaciones del acuerdo en “[el] uso de Internet, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y el mercado de medicamentos”. Básicamente, las preguntas giran en torno del capítulo de propiedad intelectual, uno de los 29 que componen al TPP.
Aunque a primera vista la petición es de reconocerse, lo cierto es que llega de una forma y en una coyuntura en la que su impacto no es el óptimo. En primer lugar, porque México ya ingresó oficialmente a las negociaciones del acuerdo desde octubre, por lo que participará del 3 al 12 de diciembre en la ronda de Nueva Zelanda. ¿Por qué la reacción tardía? Simple: porque hasta ahora que el país fue sede de una reunión intermedia de TPP, el acuerdo levantó cierto ruido en los círculos políticos. Aunque en su momento -por allá de septiembre- la Secretaría de Economía mandó un informe relacionado con el ingreso al acuerdo, en ese momento pasó desapercibido para los senadores.
No sólo eso, sino que el exordio de la comisión -ojo, sin carácter vinculativo, sólo una atenta solicitud- llega en un momento en que México enfrenta la transición presidencial. Es decir, la petición va dirigida al Ejecutivo, ¿pero a cuál de los dos? ¿Al saliente, Felipe Calderón, que realizó toda la negociación pero está a cinco días de abandonar el poder? ¿O al entrante, Enrique Peña Nieto, quien ya aseguró que continuará con el acuerdo y designará a los emisarios que representarán a México en la sesión de Auckland?
De este modo, se corre el riesgo de que la solicitud caiga en un vacío, pues por los tiempos, será responsabilidad de los nuevos titulares de Economía y Relaciones Exteriores, por lo que no se espera una respuesta en el corto plazo. Por supuesto, esto es benéfico para la negociación, la cual no se verá interrumpida por la fase de cuestionamiento.
Creo que, más que un mero informe, el Senado debería exigir el acceso público al documento de negociación. En Estados Unidos, los legisladores han pasado problemas con la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), que se ha negado a mostrar el texto de forma abierta -a pesar de que 600 miembros de empresas y asociaciones privadas lo pueden leer y modificar-. En México, la Secretaría de Economía lo tiene, así que no deberían existir pretextos para que se envíe a análisis. Lo que conocemos de TPP es gracias a filtraciones, y lo que se ha visto no es nada halagüeño. Como muestra, un borrador del capítulo de propiedad intelectual de febrero de 2011 que muestra hasta qué grado llegaría el poder de los defensores del copyright.
Espero que la exigencia del Senado no se quede sólo en un posicionamiento coyuntural. Ésa es la salida fácil. Mientras tanto, las negociaciones seguirán, con México cumpliendo fielmente y a la letra lo que otros dispongan. En tanto las acciones se queden en palabras, difícilmente se podrá poner una traba al avance del acuerdo, el cual Obama tiene en mente concretar a finales de 2013.