Uno de los aspectos que, últimamente, generan más controversia en las empresas es el uso que hacen los empleados de la conexión a Internet disponible en sus oficinas. ¿El motivo de conflicto? La productividad de los empleados y la amenaza de emplear más tiempo del necesario en redes sociales o revisando los feeds de Google Reader. En algunos entornos el bloqueo de sitios web es algo habitual al igual que, en otros lugares, se revisan las trazas que deja la navegación de los usuarios (para controlar que páginas visitan). En Reino Unido, el Ministerio de Trabajo y Pensiones ha tomado una decisión drástica que no está libre de polémica puesto que se ha procedido al despido de 11 funcionarios por usar Twitter o Facebook desde su puesto de trabajo.
El dato ha sido revelado por el propio gobierno británico dentro de la política de transparencia (sustentada en la Freedom of Information Act que permite solicitar datos a las instituciones públicas. Según estos datos, desde enero de 2009 se han despedido a 11 funcionarios públicos por utilizar redes sociales en el trabajo o escribir en sus blogs.
Concretamente, desde enero de 2009, han sido 116 los empleados públicos los que han sido detectados usando Twitter, Facebook y demás servicios en las dependencias del Ministerio y todos ellos han sido castigados con algún tipo de sanción: 34 empleados públicos recibieron una carta de "último aviso", 35 recibieron una carta de advertencia, 36 recibieron una reprimenda verbal de sus superiores y 11 han sido finalmente despedidos.
Las cifras, sin duda alguna, llaman la atención por el número y, que además, la información sea de dominio público. Según las normas internas del Ministerio, usar Facebook, Twitter o cualquier otra red social están completamente prohibidas para los usuarios y solamente un reducido grupo (cuyo puesto requiere acceso) tienen permitida la navegación a este tipo de páginas.
He de reconocer que esta noticia me ha sorprendido mucho porque se han conjugado dos prácticas algo anticuadas, al menos bajo mi punto de vista. Prohibir algo sin restringir el acceso implica que has de inspeccionar el tráfico de tus empleados para detectar que están accediendo a redes sociales en el trabajo, un método bastante orwelliano teniendo en cuenta que vivimos en pleno siglo XXI y las Administraciones Públicas, precisamente, son muy activas en las redes sociales (y forman a sus empleados en esta materia para buscar nuevos canales de relación con el ciudadano).
Además, hoy en día, una prohibición tan generalista tampoco tiene mucho sentido si tenemos en cuenta que, a través de Twitter, uno puede tener acceso a un buen número de fuentes de información y referencias vinculadas con su ámbito de especialización o trabajo; es decir, que además de divertirnos, en Twitter podemos encontrar fuentes que nos sirvan para ampliar conocimientos y desempeñar mejor nuestro trabajo.
Está claro que los empleados deben llegar al equilibrio en el que puedan compaginar el uso de estos servicios y no mermar su productividad laboral o poner en riesgo la confidencialidad de la información que manajan (por un desliz o una publicación inapropiada). Siempre he pensado que no hay necesidad de bloquear el acceso a los servicios siempre y cuando contemos con un personal que es responsable con su trabajo y que, realmente, trabaje para conseguir unos objetivos claros, concretos y medibles. Si podemos medir el cumplimiento de objetivos y el desempeño y está dentro de lo que esperamos, no creo que haya necesidad de llegar a este tipo de extremos.
En Reino Unido han surgido algunas voces que critican las medidas llevadas a cabo por este Ministerio y Steven George-Hilley, director de tecnología de Parliament Street (una especie de fundación de ideas vinculada al Partido Conservador) comentó algo bastante interesante:
En la era de las redes sociales, no tiene sentido prohibir el uso de Twitter o Facebook en el trabajo. En vez de implantar reglas y castigos draconianos, los departamentos vinculados al sector público deberían incentivar el uso responsable de las redes sociales, es decir, formar a su personal para que utilicen estos servicios sin poner en riesgo su trabajo
El Ministerio, a través de su portavoz, ha respondido al responsable de Parliament Street indicando que el departamento tiene unas pautas de uso muy claros con respecto a la navegación en Internet y el uso de las redes sociales; unas normas que la gran mayoría de empleados cumple y que, claro está, para la minoría que no cumple sí que se tienen estipulados procedimientos de sanción.
Once despidos en 3 años, personalmente, me parece una cifra elevada (además de los otros 105 empleados públicos amonestados) que me hace pensar en el cambio cultural que muchas organizaciones aún no son capaces de asumir y que, claro está, requiere madurez por parte de los empleados (que sin un firewall que los controle acaban perdiendo el norte y caen en brazos de la procrastinación) y, por supuesto, de los empleadores.