Si Hadopi fue creada para "educar" a los usuarios en Francia sobre sus malos hábitos en la descarga de material con copyright, la Universidad de Illinois ha dado un paso más allá tomando la norma como una "ley" interna. Los estudiantes y trabajadores revelan que impera el régimen de tres avisos. Tras el último aviso, los estudiantes no podrán acceder a la red nunca más desde su cuarto. Los trabajadores por contra son expulsados de la Universidad.
Posiblemente febrero sea el mes en el que se implanten las Six Strikes en Estados Unidos, una versión de la regulación francesa por la que los usuarios estadounidenses recibirán hasta seis avisos por infracción del copyright, llegada la última advertencia, los ISPs podrán actuar contra el usuario.
Aún así, la regulación no será del todo pionera en el país. En los últimos años en Estados Unidos los colegios y Universidades han tomado una serie de medidas drásticas para reducir la piratería. De hecho, cada año la RIAA y la MPAA envía decenas de miles de avisos o cartas de infracción (a través de las IPs) a las instituciones educativas para alertar sobre presuntos "piratas" en las P2P.
Según podemos leer en TorrentFreak, por norma general los estudiantes o trabajadores de los centros son avisados con algún tipo de sanción o visita al decano. La Universidad de Illinois en cambio ha ido un poco más lejos. Ha implantado su propia Hadopi instaurando el régimen de tres avisos con sanciones difíciles de entender tratándose de estudiantes.
Cuando la Universidad recibe una notificación de la DMCA por parte de los titulares de derechos de autor informando sobre alguna descarga de BitTorrent no autorizada, la habitación de la residencia donde ha ocurrido se queda sin Internet de inmediato. Según la política del centro:
Los estudiantes que reciben notificaciones de violación del copyright se quedan sin Internet. Se informa al usuario de la obligación de reunirse con un representante del centro y que su acceso a la red se mantendrá cerrado hasta que dicha reunión tenga lugar. El representante se reunirá con el estudiante para discutir la naturaleza de la violación y la política de la Universidad en materia de infracción de los derechos de autor.
Tras la reunión, el representante puede aplicar una amplia gama de sanciones después de que finalmente sea restaurado el acceso en la red. Sin embargo, tras el tercer aviso, y esta es quizá la parte más incomprensible, al estudiante no se le permitirá acceder nuevamente a Internet en la habitación de la residencia. Nunca más podrá conectarse.
Brian Mertz, uno de los encargados en la Universidad de velar por la "seguridad" de la redes, explica que reciben alrededor de 100 notificaciones de infracciones al mes. Christine Svoboda, una estudiante del centro, explica para TF cómo fue "capturada" por la MPAA y la RIAA, un aviso que le llevó casi dos semanas para volver a estar online desde su habitación tras el primer aviso:
Aún hoy y para ser honesta, no tengo ni idea de lo que había descargado. Tengo uTorrent instalado en mi equipo, pero nunca está activo en la escuela, principalmente porque la descarga es demasiado lenta.
El propio Mertz asegura que no todos los avisos de DMCA son exactos, el representante en seguridad señala que algunas advertencias no se corresponden con las direcciones IP. Aún así, cada notificación es un aviso.
Una norma que también llega a los trabajadores o empleados del centro. Mertz explica que a un profesor se le pidió que buscara otro trabajo después de varias advertencias:
No podemos entrar en detalles por razones internas, pero teníamos un profesor que había cometido infracciones repetidamente, así que se le pidió que buscara otro trabajo porque era un problema constante.
Aunque parece un caso aislado en el resto de Estados Unidos, llevar a una institución educativa a actuar como policía de la red, implantando este tipo de regulaciones, parece excesivo a todas luces. Aunque quizá tenga algo de lógica si pensamos que desde el 2010, el gobierno del país agregó un nuevo requisito para los colegios y universidades y el uso ilícito del intercambio de archivos en sus redes.
Según esta legislación, los centros educativos pueden llegar a perder fondos federales si no hacen lo suficiente por detener el intercambio ilícito. Una regulación que en tres años ha servido para que muchos centros gasten miles de dólares en la instalación de sistemas antipiratería.