El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha declarado como inconstitucional el Artículo 373 del Código Penal de Veracruz donde daba facultades a las autoridades ministeriales para establecer el llamado "delito de perturbaciones del orden público", ya que considera que restringe la libertad de expresión. La conocida como "Ley Antituitera" promulgada por el gobierno de Veracruz nació después de que este investigase en 2011 a 2 usuarios de Twitter, Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo, por alertar sobre una posible amenaza de bomba en una escuela, lo que provocó una reacción por parte de padres y profesores.
Ambos usuarios recibieron pena de cárcel por supuestos motivos de "terrorismo" y "sabotaje". A raíz de esto se promovió el 20 de septiembre de 2011 una reforma del código penal para inculpar a cualquiera que "por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos, ataques con armas de fuego o sustancias químicas, biológicas o toxicas que puedan dañar la salud ocasionado así la perturbación", la conocida como Ley Duarte.
Por 10 votos contra uno (el de Margarita Luna Ramos) y con carácter retroactivo el Pleno de la Corte invalidó el artículo de dicha reforma, el 373 del Código Veracruzano, ya que viola las garantías de la libre expresión que se recogen en la Constitución. Aparte, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo ha criticado duramente la reforma del código promovida por Javier Duarte como "absolutamente desproporcionada", además de incumplir dos artículos de la Constitución Federal, el 6º y el 7º.
La principal consecuencia de la Ley Duarte fue que el gobierno comenzó a censurar y a controlar todo lo que se decía en redes sociales, lejos de tapar los supuestos rumores contra los que en principio iba. Al mismo tiempo fue usada de manera proactiva para callar las actividades del narcotráfico en la zona de Veracruz y para restringir y evitar cualquier tipo de coordinación ciudadana para luchar contra la violencia en las redes sociales.