Tal parece que todo gobierno nuevo de un país en camino hacia el desarrollo sucumbe ante la tentación de intentar controlar internet, o al menos quedar bien con el lobby del Copyright liderado por los dinosaurios que aún están al frente discográficas y estudios de cine. El gobierno de Peña Nieto parece ser el último ejemplo de este caso, básicamente planean hacer la Ley Sinde mexicana.

Comandados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, los diputados priistas Aurora Denisse Ugalde Alegría y Héctor Humberto Gutiérrez de La Garza han presentado una iniciativa dentro del marco de la infame Ley Beltrones, por medio de la cual el gobierno mexicano castigaría la reproducción comunicación o transmisión de obras protegidas con derechos de autor en internet. Palabras y acciones que resultan sumamente conocidas si las comparamos con las propuestas iniciales hechas a lo que hoy se conoce como la Ley Sinde-Wert en España.

De hacerse efectiva esta ley, el gobierno mexicano tendría potestad de sancionar con multas que van desde los treinta hasta los veinte mil días de salario mínimo a quienes hagan reproducción o distribución no autorizada de obras protegidas con el derecho de autor. También se pretende penar con hasta seis años de cárcel a los administradores de webs que hagan reproducción de dichas obras.

Esta ley le daría poder al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) de obtener direcciones IP de los presuntos infractores e inclusive bloquear acceso a webs que hagan distribución de contenido. Al igual que los ya innumerables casos de gobiernos que pretenden implantar leyes similares, su aplicación no solo es impráctica sino que técnicamente complicada además de que, en el proceso, terminas vulnerando el derecho de autor, criminalizando a personas que intercambian contenido sin fines de lucro y poniendo en peligro la esencia misma del internet:

  1. Aplicar una ley de este calibre implicaría permitir que un instituto (en este caso el de Propiedad Intelectual) pueda acceder a datos privados, aparentemente, sin pasar por un juez. Vulnerando varios derechos que los mexicanos tienen, incluyendo el de su privacidad.

  2. ¿Qué se hace con aquellas webs que están fuera de México, se crea un blacklist para impedir el acceso desde el país, creando, básicamente una muralla china virtual? ¿Cómo se decide o se determina si el contenido está siendo distribuido o simplemente son enlaces a otras webs donde se aloja el contenido? Eso despertaría los mismos problemas que ya se discutieron, hasta el cansancio, en España con relación a si enlazar es vulnerar el derecho de autor (en pocas palabras, no, pero los políticos parece no entenderlo).

  3. ¿Quién decide, desde el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, qué es y qué no es vulnerar el derecho de autor? ¿Quiénes serán esas personas? ¿Qué características o cualidades deben de cumplir para ser parte de esa "comisión"? ¿Sus nombres serán públicos? ¿Cómo evitará el gobierno de Peña Nieto que no se use esta ley para censurar en internet?

La propuesta de dicha ley sería, por lo tanto, un ejemplo más de la casi inexistente educación digital que tienen nuestros gobernantes y la inmensa presión que sigue ejerciendo el lobby del copyright a nuestros gobiernos, dispuestos a pisar los derechos más básicos de los ciudadanos en nombre del Copyright.