No deben ser una sorpresa la cantidad de URLs que solicitan que sean retirados de las búsquedas de Google, pero es bastante útil conocer la magnitud de los esfuerzos que invierten en tratar de detener la imposible proliferación de enlaces.

El reporte ofrece datos de julio del 2011 a la fecha, acerca de los titulares y las organizaciones que reportan en su nombre, los sitios más reportados, la cantidad total de solicitudes y los URLs en cuestión.

Los titulares que más solicitudes para retirar resultados de las búsquedas de Google son Microsoft, NBC y la RIAA.

El líder, Microsoft, ha realizado un poco más de ocho mil solicitudes para retirar 2,553,475 URLs, esto resulta en un promedio de 48,693 URLs a la semana.

Cabe mencionar que la mayoría de estos “dueños” que hacen estas solicitudes no son los creadores, son las organizaciones de gestión de derechos, corporaciones y hasta compañías que los usan como carne de cañón, y más bien se dedican a esta labor en nombre de los monopolios intelectuales. Por ejemplo, Marketly LLC y DtecNet se dedican a reportar material de Microsoft —siendo todoroms.com, uniquewarez.com, thewarezscene.org, rapidsharemix.com y uyurgezer.net, los sitios que más reportan.

Nunca había escuchado de estos sitios…ah claro, yo uso software libre que no me criminaliza.

Estos datos también revelan el tipo de negocios que incentiva el fundamentalismo de propiedad intelectual. Las compañías que se dedican a la fútil acción de solicitar el retiro enlaces, tienen simpáticos nombres como Remove your Media LLC o Takedown Piracy LLC. Supongo esto es a lo que se refieren los monopolios intelectuales cuando dicen que generan empleos, ¿cierto?.

La RIAA(EMI Music, Sony Music Entertainment, Universal Music Group y Warner junto con compañías asociadas) ha realizado 481 solicitudes que piden suprimir de los resultados de búsqueda 416,731 URLs, el promedio semanal de 4,234 solicitudes.

Los 3 sitios más reportados son filestube.com, torrentz.eu y 4shared.com. Sitios que alguna vez fueron el objetivo de la industria para después solo convertirse en su obsesión, como isoHunt, The Pirate Bay o BTjunkie, no están dentro del top 10 de sitios más reportados.

Google afirma que recibe más de 250,000 solicitudes a la semana, es decir, más de lo que los titulares de derechos de copyright pidieron durante todo el 2009. Solo el mes pasado Google recibió 1.2 millones de solicitudes para retirar de sus búsquedas enlaces a 24,000 sitios. Este reporte no incluye estadísticas de Blogger o YouTube, únicamente resultados de búsquedas.

Todo esto me parece un gasto de energía inútil y que en verdad no ayudará en nada, hasta que la industria no decida competir bajo las reglas del internet, todo el inútil conflicto social que genera la propiedad intelectual seguirá igual. El P2P y el intercambio de archivos no va desaparecer porque no aparezcan los resultados de Google, en cambio, la RIAA y Microsoft si desaparecerán más de la mente de la sus consumidores, sí continúan cimentando su añeja visión.

De acuerdo a Chilling Effects existen distintas sentencias judiciales que no permiten tener un criterio legal para definir sí un enlace infringe o no el copyright. Sin embargo, en el mundo real y en pleno siglo XXI, no se necesita mucho sentido común para entender que enlazar es bueno.

Sí la calculadora no me falla, suponiendo que tomara un minuto el reporte de un URL, las 426,731 solicitudes de la RIAA equivaldrían a casi 300 días — un tiempo que junto con los recursos con los que cuentan, sería suficiente para imaginar, probar e implementar un nuevo modelo de negocio funcional y ético. Qué desperdicio de energía.

Por cierto, los URLs que Microsoft pide retirar a Google, existen en Bing. Que curioso que la Copyright Alliance, el imperio de protección de copyright al que pertenecen Microsoft y la RIAA, no los ha reportado…

¿Combate a la piratería y protección de la propiedad intelectual o anti-mercado?

Hace algunas semanas dedicamos unos minutos a hablar de Open Data como una iniciativa a seguir de cerca y que debería ser adoptada por las instituciones públicas para optimizar esfuerzos y, sobre todo, como modelo de transparencia. El Open Data consiste en reutilizar y compartir datos, por ejemplo, del sector público para que terceros puedan utilizarlos en sus aplicaciones o servicios o, incluso, que otras administraciones públicas pudieran utilizarlos con la idea de no duplicar esfuerzos y aplicando el concepto de que algo que ha sido recopilado gracias a los impuestos del ciudadano debe revertir en la ciudadanía. Precisamente, siguiendo este hilo conductor, en We the People, la plataforma de participación ciudada de la Casa Blanca, se ha publicado una propuesta muy interesante en la que se solicita que los artículos de investigación derivados de investigaciones sufragadas con fondos públicos deberían estar accesibles de manera libre y gratuita a través de Internet.

Muchas veces cuando hablamos de Open Data solemos mirar a datos estadísticos o cartográficos, sin embargo, el concepto es mucho más amplio y debería llegar a todo tipo de datos, incluyendo las investigaciones científicas. Por norma general, y salvo contadas excepciones, las investigaciones científicas materializan sus resultados y datos en artículos de investigación de revistas a las que se accede mediante suscripción o pagando por el acceso al artículo. De hecho, suele ser habitual que las bibliotecas de las universidades estén suscritas a estas revistas mediante inscripciones especiales que permiten a los usuarios de una red determinada acceder a estos recursos.

Este sistema, realmente, no tiene mucho sentido si hablamos de investigaciones que se han sufragado con fondos públicos ya que si han sido subvencionadas con el dinero de los ciudadanos, los resultados deberían estar accesibles al público de manera libre, sin necesidad de tener que pagar a una editorial por el acceso a éstos. Precisamente, esa es la propuesta que llegó la semana pasada a la plataforma de participación ciudadana de la Casa Blanca y que ya cuenta con más de 2.400 firmas de apoyo (aunque deben llegar a 25.000 para que sea tenida en cuenta, lo cual tampoco garantiza que se materialice en una iniciativa legislativa).

La petición solicita que los resultados de las investigaciones sufragadas con dinero público deberán estar accesibles a través de Internet en formatos que puedan ser tratados por humanos y por máquinas para que todo ese conocimiento revierta en estudiantes, docentes, emprendedores u otros investigadores, algo que, bajo mi punto de vista, tiene toda la lógica del mundo.

Me encantaría que esta iniciativa llegue a buen puerto aunque seguramente implique algunas cláusulas legales a la hora de otorgar una subvención para I+D para garantizar que los resultados pertenecen a la Administración (que podrá liberarlos) o bien, directamente, que son del dominio público porque podría sentar un interesante precedente que, quizás, sirva para que otras Administraciones Públicas rompan este hermetismo que tradicionalmente ha tenido la investigación científica y que deja el conocimiento científico en manos de terceros provocando que, por ejemplo, las Administraciones Públicas paguen 2 veces por los datos de las investigaciones (para generarlos y para consultarlos).

Eficiencia y transparencia, dos pilares sobre los que deberían sustentarse las Administraciones Públicas del siglo XXI.

Al paso que vamos en España nos pedirán nuestros datos a la hora de encender nuestros equipos. La última noticia de este control al que vamos encaminados llega desde Cataluña. A partir de ahora serán los poderes públicos los que supervisarán las emisiones de vídeos o podcast. Una noticia que afectaría a YouTube.

Será el Consejo Audiovisual de Cataluña el que “regule” qué y quién puede emitir este tipo de información en la red, lo que viene a comparar y “equiparar” a las televisiones y radio con Internet.

¿Por qué? Podríamos resumirlo en una palabra: control. Si en el pasado las radios y televisiones eran supervisadas por los poderes públicos a través de concesiones administrativas de frecuencias (lo que incluía el debate del favoritismo de unas corporaciones y empresas sobre otras), con la llegada de Internet todo cambió.

La red modificó la forma en la que consumimos información y noticias escapando del control de gobiernos… y es probablemente ésta la razón de ser de esta nueva directiva aprobada. Una directiva que firma que:

El Consejo Audiovisual de Cataluña obliga a comunicar previamente la intención de prestar servicios de comunicación audiovisual a través de redes de comunicaciones electrónicas.

Una medida drástica por la que el Consejo tendrá un mes para decidir qué o quién puede equipararse a una televisión o radio en la red. Una medida que como decía al comienzo, afectará también a los servicios que ofrece actualmente YouTube, quién deberá registrarse al igual que el resto de herramientas similares. Los podcast también se incluyen en esta nueva forma de control ideada.

¿Así o más clara la división entre TV Azteca y el gobierno mexicano? Hace unas semanas, Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisora, declinó emitir el debate presidencial coordinado por el Instituto Federal Electoral, poniendo como pretexto el rating de un partido de fútbol. Hoy, la cadena vuelve a protagonizar un enfrentamiento con la ley, al darse a conocer que busca un amparo que les permita no transmitir las campañas sociales del gobierno federal.

En México, el espacio radioeléctrico está bajo poder del Estado, quien otorga concesiones a particulares (en este caso, Televisa y TV Azteca) para que realicen explotación comercial. En retribución, la ley exige un porcentaje determinado del tiempo aire para emitir diferentes contenidos. Sin embargo, para TV Azteca, esta cesión de espacio representa “una imposición de trabajos forzosos” (?) y “una violación a los tratados internacionales”.

Por esta razón, desde octubre de 2011, TV Azteca ha promovido un amparo para no pasar los contenidos del gobierno; en específico, campañas de salud. En su reclamo, TV Azteca también indica que la Secretaría de Gobernación (encargada de promover la emisión de dichos contenidos) viola convenidos de la Organización Internacional del Trabajo; así como señalar que se les inhibe el derecho a la libertad de desarrollo económico y acusan un trato desigual. La televisora se ha respaldado en la reforma al primer artículo de la Constitución para incumplir con su obligación. De acuerdo con el amparo:

Al obligarse a la quejosa a la prestación de un trabajo personal sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, bajo la justificación de observar dicha reglamentación y el otorgamiento de la concesión correspondiente, se actualiza evidentemente la aplicación de un trabajo forzoso, gratuito u obligatorio en su contra.

Resulta increíble el grado de cinismo de TV Azteca para deslindarse de sus responsabilidades. Es claro que para Ricardo Salinas Pliego, el dinero es quien manda, a pesar de que la ley especifique que el espectro radioeléctrico también debe utilizado para fines de promoción social. Lo peor es que se interpreta la legislación de una manera perversa, tratando de sacar el beneficio máximo a sus intereses particulares. Por fortuna, los jueces han negado el amparo a la televisora, aunque no dudo que Azteca siga intentando darle la vuelta a la ley con tal de no cumplir.

Por supuesto, la administración más transparente omitió la carta, continúo las negociaciones a través de la USTR y además declaró en más de una ocasión su deseo de concluír rápidamente el tratado.

Electronic Frontier Foundation solicitó un FOIA (solicitud de acceso a la información bajo el *Freedom of Infomation Act) que demuestra una seria anomalía (más) en el proceso de ACTA. Resulta que cada vez que se propone un tratado de esta naturaleza, es necesario iniciar un proceso llamado “Circular 175” en el cual se informa al Departamento de Estado para que el equipo legal evaluará las implicaciones del tratado antes de iniciar las negociaciones.

Basados en el tema de su solicitud, consultamos el tema con expertos de la Oficina del Consejero Legal. Estos oficiales nos informaron que nunca se expidieron memorándums de la Circular 175 para el Tratado Comercial Anti-Falsificación (ACTA). Los oficiales también informaron que la USTR se ha conducido este tema con el gobierno de los Estados Unidos.

Los documentos obtenidos por EFF confirman que este proceso fue omitido por la USTR, es decir, se fueron por la libre. Es necesario mencionar que en México, una de las principales razones por las cuales el Senado decidió rechazar la ratificación de ACTA fue por una irregularidad similar: de acuerdo a Ley de Tratados de Materia Económica era necesario informar al Senado de la intención de negociar ACTA, para que se evaluará su necesidad y beneficio, en caso de que existiera. No lo hicieron. En pocas palabras en ambos países se violaron leyes por parte de funcionarios públicos.

Por esta razón, el mismo grupo de académicos que pidió a Obama rectificará, se dirige ahora al Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos exigiendo que utilicen sus poderes constitucionales para garantizar que ACTA no sea implementada sin antes ser ratificada por este órgano legislativo.

La carta deja claro que ACTA no es constitucional en ese país:

La presente situación va más allá de los temas que cubre ACTA, es un asunto constitucional de separación de poderes. Si el Congreso permite que el poder ejecutivo clame que ACTA ha sido autorizada por medio de un lenguaje que claramente autoriza el acuerdo, se cederá un poder sin precedentes al ejecutivo.

La profesora Margot Kaminski de la Universidad de Yale, deja clara la responsabilidad de la USTR:

La USTR sabe que sí ACTA va al Congreso, existe el riesgo de sea enmendada o rechazada. La USTR continúa dando justificaciones inadecuadas para mantener al Congreso fuera.

El file-sharing y la cultura de la copia no le esta haciendo ni cosquillas a las arcas de dinero de la industria del entretenimiento y la cultura comercial. Pero su distorsionada y extremista visión de lo que significa la propiedad intelectual, lo único que esta logrando es corromper a todas y cada una de las instituciones involucradas en el fiasco qué ACTA es, para cumplir demandas absurdas que no corresponden a las expectativas y normas actuales de la sociedad.

Mientras tanto, en Europa, el día de ayer se celebró un taller en el Parlamento Europeo en relación a el ACTA y los derechos humanos. El representante de la Comisión Europea continúo defendiendo las negociaciones de ACTA, mientras La Quadrature du Net los pusó en el lugar que se merecen. El supervisor de Protección de Datos de la Unión Europea quien emitió una fuerte opinión contra ACTA hace unos días, la declaró además como ”una obra maestra de la ambigüedad”. El relator del Comité de Libertades Civiles (LIBE) anunció que su recomendación para la votación final en julio sera rechazar el tratado.

Por si fuera poco y para mi beneplácito, la nueva Ministra de Cultura de Francia — Aurelié Filipetti — al parecer no es muy fan de ACTA, de hecho, en su blog existe una entrada en la que apela a su rechazo en Europa.

Por cierto, hoy se celebra el Día de las telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. La realidad es que no hay nada que celebrar, la sociedad de la información se encuentra bajo ataque constante de los monopolios intelectuales y de telecomunicaciones, gracias a la ayuda que los gobiernos les dan.

Cuando las políticas públicas y leyes relacionadas con el internet y la sociedad de la información sean creadas decente y democráticamente, habrá razón para celebrar. No antes.

El día de ayer, la fiscal Felisa Krasucki solicitó al juez Eduardo Daffis Nikison que los responsables de Taringa -Matías Botbol, Hermán Botbol y Alberto Nakayama-, sean enviados a juicio oral. En mayo de 2011, la justicia argentina determinó que los dueños del sitio serían procesados por violar las leyes de propiedad intelectual, por lo que deberían pagar cerca de 50 mil dólares.

En dicho fallo, se sostenía que, pese a que los dueños no tiene control sobre los enlaces a descargas que se publican en Taringa, son considerados como “al menos partícipes necesarios de la maniobra y además claros conocedores de su ilicitud”. Así, a pesar de funcionar sólo como intermediarios, la fiscalía determinó proceder debido a que los dueños y el sitio tienen domicilio en Argentina.

La demanda se fue a la Cámara Nacional de Casación Penal, donde se ha deliberado por meses el caso. Los dueños de Taringa han desmentido que vayan a juicio oral, pues aunque ya se hizo pública la solicitud de la fiscal Krasucki, resta que la Cámara tome la decisión de aceptar dicha petición. Aquí el texto íntegro del comunicado:

Con relación a las noticias aparecidas en algunos medios, informamos que se trata del mismo proceso judicial que ya fue informado durante el año pasado.

Aún la Cámara Nacional de Casación Penal no ha definido si el hecho investigado constituye delito alguno.

Informamos que la única novedad es que en el día hoy la fiscal de instrucción Felisa Krasucki solicitó al juez Eduardo Daffis Niklison el envío a juicio oral, esta acción se encuadra dentro del marco judicial natural y normal de cualquier proceso legal, esto no significa que se determinó el juicio oral, esta es una decisión que debe tomar la Cámara Nacional de Casación Penal y aún se encuentra pendiente.

Siempre hemos estado a disposición de la justicia, seguiremos haciéndolo en cualquier nueva instancia del proceso.

Somos un medio que brinda a millones de personas la posibilidad de compartir, expresarse, aprender, y divertirse libremente. Solicitamos a los medios de comunicación que sean prudentes, éticos y responsables a la hora de informar ya que la falta de investigación y desconocimiento en temas legales generan errores que ponen en riesgo la libertad de Taringa!

El caso de Taringa resulta crucial para la legislación argentina, pues es el primero sostenido por violaciones de propiedad intelectual por parte de intermediarios. Hace tiempo que Taringa estaba en la mira -incluso, en la lista de sitios censurados por la Ley Sinde en España-, por lo que este anuncio es un paso más en un caso que sentará un precedente para América Latina sobre copyright y descargas. Por ahora, estamos a la respuesta de Casación Penal, quien determinará en última instancia si procede el juicio oral y bajo qué figura legal.

Hace casi un mes, el 18 de abril de 2012, entró en vigor la Ley de Geolocalización en México. Se trata de un conjunto de reformas que permiten que entidades como la Procuraduría General de República (PGR) soliciten a las operadoras los datos de localización en tiempo real de los usuarios. La medida fue criticada durante el año que duró su discusión en la Cámara de Diputados y el Senado, debido a que permite que las peticiones de datos personales se hagan bajo sospecha, sin una orden judicial de por medio.

Desgraciadamente, la reforma pasó los obstáculos, por lo que la única forma de detenerla es mediante una demanda de inconstitucionalidad. Este recurso podía ser interpuesto únicamente por tres instancias: la Procuraduría General, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el 33% de la Cámara de Diputados o el Senado. Pese al pronóstico adverso, los ciudadanos se organizaron para impulsar una petición a Raúl Plascencia, presidente de la CNDH, para que apelara contra esta ley.

La solicitud tuvo éxito, pues esta tarde, la Comisión ha anunciado dicha demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Cito el contenido del comunicado:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside el Doctor Raúl Plascencia Villanueva, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de acción de inconstitucionalidad relacionada con la reforma de los artículos 133 Quáter, del Código Federal de Procedimientos Penales y 16, fracción I, apartado D y 40 bis, de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
En dichas reformas se otorga a los titulares de la Procuraduría General de la República y de Justicia de las entidades federativas, atribuciones para solicitar a los concesionarios del servicio de telecomunicaciones, la localización geográfica, en tiempo real, de equipos de telefonía móvil, para la investigación de diversos delitos.
Tales reformas se consideran contrarias a las garantías de legalidad, certeza, seguridad jurídica y derecho a la privacidad consagradas en la Constitución.
La demanda se ejerció en razón de que las reformas carecen de limitación temporal y otorga facultad discrecional e ilimitada a las Procuradurías.
En la norma controvertida no se prevé la intervención de jueces para que autoricen la medida, la supervisen y revoquen en su momento.
Esta Comisión Nacional considera que las mencionadas reformas vulneran los derechos humanos de las personas, en tanto son contrarias a las tuteladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México es parte.

Así, dicha reforma se tendrá que discutir en la Suprema Corte, lo que da una oportunidad para revocarla. Luis Fernando García, abogado especialista en derechos humanos que realizó el análisis jurídico que acompañó a la petición ante la CNDH, ya anunció que entregará a la corte un escrito de amicus curiae. La presión civil, junto al extraordinario trabajo de García y la apertura de la Comisión, han ganado un round más contra la Ley de Geolocalización. Cierro con las palabras del abogado:

Celebremos, un poco, y en los próximos meses, llevemos nuestros argumentos a la SCJN, la cual tendrá la oportunidad, no solo de declarar la inconstitucionalidad de estas reformas, sino de sentar un precedente histórico sobre el derecho a la privacidad ante técnicas de investigación y vigilancia a través de medios tecnológicos que sirva para orientar la actividad legislativa, las políticas de seguridad y procuración de justicia del ejecutivo y la conducta judicial en estos temas y que otorguen herramientas a la ciudadanía para resistir la lógica de que para conseguir seguridad es necesaria la erosión de los derechos.

Como les comentaba hace unos días, esta semana reiniciaron las negociaciones en Dallas bajo fuerte criticismo y protestas de distintos sectores. El grupo de académicos del Programa de Justicia de la Información y Propiedad Intelectual de la Universidad de Washington envió el día de ayer una carta al Embajador de la USTR, Ron Kirk, en la cual apelan a que se “cambie el curso” de las negociaciones.

Específicamente piden que se transparente el peligroso de capítulo de propiedad intelectual, al cual docenas de representantes de lobbies de las industria sí han tenido acceso, a diferencia de la organizaciones civiles y el público en general.

La respuesta de Ron Kirk al respetable Profesor Sean Flynn de la Universidad de Leyes de Washington, es que le ofende que se considere su trabajo poco transparente:

Revisare con interés su carta, y proporcionaré una respuesta detallada más adelante. Mientras tanto, es posible que le sorprenda saber que la USTR ha llevado a cabo el acercamiento más activo con todas las partes interesadas del TPP, que ha sucedido con cualquier acuerdo de libre comercio antes, incluso, en las disciplinas propuestas en materia de propiedad intelectual.

No discutiré ninguna afirmación de que nuestro trabajo no necesariamente refleja exactamente los deseos de sus colegas, pero, estoy muy ofendido por la afirmación de que nuestro proceso no ha sido transparente y carece de la participación del público. USTR ha llevado a cabo más de 400 consultas con las partes interesadas del Congreso y privadas sobre el TPP, incluyendo su invitación a las doce rondas de negociación.

Confío en que después de recibir una respuesta más formal de mi parte hará todo lo posible para educar a sus colegas en cuanto a los extraordinarios esfuerzos que nuestro personal ha hecho en relación con la redacción de los textos propuestos para el TPP.

Parafraseando a Mike Masnick de TechDirt: el ofensivo es otro.

El pequeño problema aquí es que la definición de “partes interesadas” en temas de propiedad intelectual se ha reducido a corporaciones. Solo en la ronda que se celebró en Los Angeles, la USTR se negó a dar detalles al grupo de académicos que demandaban la liberación del texto mientras la industria del entretenimiento le daba una recepción y un tour por sus estudios a los negociadores.

La propiedad intelectual toca todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, desde medicinas, alimentos, productos y bienes culturales o de entretenimiento. La MPAA y la RIAA lo saben, por lo cual enviaron una carta al Presidente Obama para pedir:

Altos y comprensivos estándares para la protección y vigilancia de los derechos de propiedad intelectual — incluyendo patentes, marcas registradas, copyright y secretos industriales.

¿Tiene límite de la protección y vigilancia de la propiedad intelectual? Parece que no.

El argumento principal de este grupo es que un tratado de libre comercio no es el foro para negociar el incremento de medidas de protección intelectual que obligarían a los participantes a modificar sus leyes para cumplirlos. Esto debería ser negociado en la Organización Mundial de Libre Comercio y La Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Por otro lado, de acuerdo a las filtraciones que existen, las medidas de propiedad intelectual que se incluyen no tienen nada que ver con comercio, son medidas puras y crudas de protección y vigilancia (100% enforcement).

Es curioso que la doctrina del libre comercio en teoría pugna por la no intervención del Estado en la forma en la cual fluyen los productos y su intercambio. Casualmente las medidas de protección de propiedad intelectual son más bien proteccionismo puro para obstruir su flujo en base a una visión radical y anticuada de la propiedad intelectual. Pero como NAFTA demuestra, tal vez el libre comercio simplemente no es libre.

Sería importante considerar las consecuencias de incluir en TLCs medidas de este tipo. El antedecente es reciente y desafortunado: Colombia y su Ley Lleras express, la cual fue impuesta vía tratado de libre comercio. No permitamos que se repita.

Para más información infórmate acerca de los puntos más controversiales de TPP en cuanto a propiedad intelectual, visita tppinfo.org, citizen.org y derechosdigitales.org.

Por cierto, al parecer el gobierno mexicano no aprendió nada de NAFTA y ACTA y sigue rogando un lugar en la mesa de negociaciones de TPPA.

La petición será ingresada a la Suprema Corte la próxima semana, mientras tanto, un resumen de los puntos fundamentales de su apelación (PDF) y los cuales, no son poca cosa.

En primer lugar se apela a que la Suprema Corte reconsidere el proceso judicial y el cual amenaza a su cliente a verse atrapado en una ratonera, un litigio interminable y económicamente insostenible:

Ellos usan un costo asimétrico de litigio para convertir la defensa del individuo económicamente irracional.

Esto provoca que apelar se convierta en un asunto de dinero y no de justicia, por lo cual el defensor de Tenenbaum considera que esto ha provocado que se haya instaurado “una deformada arquitectura judicial” de copyright en las cortes federales y que sí no es revisada, nunca podrá repararse.

En segundo lugar, en teoría los daños estatutarios deben “tener alguna relación con los daños reales sufridos”. La defensa alega que el Departamento de Justicia y la RIAA afirman que el Congreso de Estados Unidos aprobó tácitamente los daños y perjuicios contra individuos, a través de numerosas enmiendas a la Ley de Propiedad Intelectual pero:

Antes de las demandas de la RIAA contra usuarios que comparten archivos, nunca se había atraído un caso de esta naturaleza. […]

La defensa cree no se puede suponer que el Congreso haya aprobado tácitamente este tipo de reparación desproporcionada de daños para casos contra individuos por infracción a derechos de autor, debido a las implicaciones constitucionales que implica. Todos los antecedentes que presentó la RIAA durante el juicio fueron casos que involucraban empresas, no individuos. Aún así, los daños que Tenenbaum tiene que pagar a las disqueras por 30 canciones, son de la irracional cantidad de 675,000 dólares.

En tercer y último lugar — quizá el punto más importante que aporta esta defensa— es en relación al modelo que la RIAA utiliza en sus demandas:

El litigio como asalto que la RIAA utiliza sobre gente que comparte archivos, como Tenenbaum y Thomas Rasset, es procesalmente injusto y profundamente falto de ética. Se enfrenta a una industria contra una persona y castiga a una persona por lo que otros han hecho o harán.

Los monopolios de entretenimiento siempre buscan un mártir. Ya van varios y ¿ha cambiado algo además de destrozarle la vida estas personas? No. Lo que único que se busca en palabras de la defensa es el castigar a un individuo como un acto de educación pública.

Y sí, Tenenbaum no creó el file-sharing, por lo tanto:

No puede ser que él, individualmente, causará la destrucción del valor total de las obras protegidas con copyright de cada uno de los demandantes. No fue Tenenbaum por sí solo quien redujó los ingresos y las ganancias de la industria disquera, no fue Tenenbaum por sí solo quien corrió a los empleados de sus trabajos — fueron los millones involucrados en el file-sharing quienes lo hicieron.

Castigar a un individuo por la conducta de otros es fundamentalmente injusto.

Mismo caso con The Pirate Bay, tres personas están acusadas de un crimen por la actividad infractora de miles y millones personas más — porque simplemente no alcanzarían las cárceles para encerrarnos a todos. Pero siempre va a haber un Kim Dot Com o bien, competencia que destruír. Por otro lado, es pertinente mencionar que las ganacias de la industria se encuentran en perfecto estado y es más, mejor que nunca. Ya todos sabemos como funcionan las matemáticas del copyright cuando se trata de clamar la infinita muerte de la industria.

La conclusión de la petición es que el juicio contra Tenenbaum ha sido solo una parodia de la justicia y tiene que remediarse.

La RIAA, la MPAA y los trolls de copyright han logrado engatuzar a todo el sistema legal y administrativo de Estados Unidos, el problema es que sus efectos los sufrimos todos. Pero este año, la industria ha sufrido duros golpes en las cortes, los recintos legislativos y las calles — y todas estas derrotas son producto de sus constantes e intolerables abusos. No se puede culpar a nadie más que a ellos mismos y a su desadaptación social y digital.

Sí la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos decide tomar este caso, existirá la posibilidad de volver un poco de cordura a un sistema legal que degenera día a día en detrimento de las derechos y libertades civiles de la mayoría.

Esperemos que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos no desperdicie la oportunidad de atraer un caso decisivo para la construcción — o destrucción — definitiva de los derechos digitales en el siglo XXI.

En situaciones como la que está viviendo en estos momentos Twitter en Estados Unidos hay que aplaudir el mensaje del sitio a navegantes. Twitter se resiste y ha presentado una moción en un Tribunal Estatal de Nueva York con el fin de anular la orden que le obliga a entregar información de sus usuarios. A juicio de la red: “tenemos un compromiso con la defensa de los derechos de nuestros usuarios”.

El caso que nos ocupa implica al usuario Malcolm Harris, procesado por la Oficina Fiscal del Distrito de Manhattan por mala conducta, desobediencia y su conexión con el movimiento Occupy Wall Street en las protestas que tuvieron lugar en el puente de Brooklyn el año pasado.

Harris fue detenido el 1 de octubre junto a cientos de activistas durante la marcha. Los fiscales alegaban que los tweets del hombre podrían revelar si era o no consciente de la ilegalidad de las manifestaciones en el puente.

Mientras que el abogado de Harris ha tratado de bloquear el acceso a la cuenta, un juez acabó dictaminando que el estado de su historial debía pasar a ser propiedad de Twitter. De esta manera el acusado no estaba protegido por la Cuarta Enmienda.

No es nuevo ver como el gobierno federal y las entidades del gobierno intentan obtener información sobre lo que se está haciendo y quién lo está haciendo en la red. En la mayoría de los casos en el país, los usuarios individuales pueden tratar de defender su intimidad en la red aunque es posible que no lleguen a enterarse ni siquiera de esas peticiones.

En el caso de Twitter y mientras pueda defenderse, no es así. La red indica que los mensajes e historial del sitio son propiedad de sus usuarios y no de la empresa, y por lo tanto, nadie puede pedirle esta información. Así ha quedado reflejado a través del abogado del sitio, Ben Lee:

Los términos de servicio de Twitter dejan absolutamente claro que los usuarios son dueños de sus contenidos. Nuestra presentación ante la corte reafirma nuestro compromiso con la defensa de los derechos de nuestros usuarios.

Un movimiento que ya ha sido elogiado por los grupos de derechos y libertades del país comenzando por la American Civil Liberties:

Es una gran noticia. Las fuerzas de seguridad son cada vez más agresivas en sus intentos por obtener información sobre lo que hace la gente en Internet. Si los usuarios no pueden proteger sus propios derechos constitucionales, la única esperanza es que las compañías de Internet lo hagan por nosotros.

Y es que el movimiento de Twitter debe quedar reflejado como un esfuerzo por alentar al resto a la protección de la privacidad de sus clientes y a los derechos de libertad de expresión. Al menos por ahora, Twitter debe ser aplaudido por defender la libre comunicación en la red.

Un día para celebrar y al que esperemos le sigan otros tantos países en el mundo implementando una serie de protecciones a la privacidad de los usuarios.

La legislación es un hito si tenemos en cuenta que no sólo busca garantizar los contenidos, servicios y aplicaciones en la red a todos por igual, sin restricciones, sino que añade una serie de adiciones que buscan restringir los ataques a la privacidad.

Una serie de características que serían:

• La ley de neutralidad en la red prohibe a los proveedores interferir con el tráfico de los usuarios.
• La ley permite la gestión del tráfico en caso de congestión y seguridad siempre y cuando estas medidas sirvan a los intereses de los usuarios.
• La ley incluye una disposición contra las escuchas telefónicas y las restricciones de los proveedores.
• En caso de interceptación, sólo podrán hacerlo bajo circunstancias limitadas o con el consentimiento explícito del usuario.
• Sólo podrían permitirse las escuchas telefónicas bajo orden judicial.

Además y en vista de los casos en otros países, la ley incluye una disposición por la cual se garantiza que los proveedores pueden desconectar a sus usuarios sólo en un conjunto muy limitado de circunstancias. La razón esgrimida es que Internet es muy importante para el funcionamiento de una sociedad, por lo tanto las únicas razones válidas serían en caso de fraude o impago de las facturas de los servicios.

Una ley que aplaudimos desde aquí y que se produce en un momento donde las libertades en la red chocan con muchas de las legislaciones y propuestas en marcha de los países. Una ley histórica y un ejemplo a seguir.

Y es que este tipo de pleitos contra el uso del BitTorrent lleva más de dos años en activo en el país. Los titulares de derechos ofrecen como única prueba que una dirección IP es el “pirata”. Por tanto piden a los tribunales que dicten una orden de comparecencia, momento en el que los proveedores de Internet ofrecen los datos personales de los presuntos infractores.

El problema es que la persona que figura como titular de la cuenta no tiene por qué ser el que descargó el material infractor, la dirección IP nunca se puede igualar a una persona.

Aunque han habido casos anteriores sobre el uso del BitTorrent, nunca hasta ahora un juez se había mostrado tan explícito y de forma tan detallada contra esta presunción.

Gary Brown, juez del Distrito Este de Nueva York, se encontraba ante una orden reciente de demanda en masa por descarga de una película pornográfica. Según el dictamen del juez, este tipo de demandas es un “desperdicio de recursos judiciales” por muchas razones. No sólo eso, Brown recomienda a otros jueces que rechacen casos similares en el futuro.

Parte de lo explicado por Brown dice así:

La suposición de que la persona que paga por el acceso a Internet en un lugar determinado es el mismo individuo que presuntamente descargó una sola película es tenue y ha crecido en el tiempo. Una dirección IP proporciona sólo un lugar en el que un gran número de dispositivos pueden conectarse, al igual que un número de teléfono puede ser utilizado por otros números de teléfonos.

Por lo tanto, no es más probable que el suscriptor con una IP lleve a cabo una función con su equipo en particular (en este caso una descarga ilegal de una película porno) que una persona que paga las facturas de teléfono hizo una llamada de teléfono específica.

Brown tira por tierra la teoría hablando de la llegada de las redes inalámbricas en los hogares:

Mientras que hace una década las redes inalámbricas domésticas eran casi inexistentes, el 61% de los hogares estadounidenses tienen ahora acceso inalámbrico. Como resultado de ello, una única dirección IP normalmente da soporte para múltiples dispositivos, que a diferencia de los teléfonos tradicionales pueden ser utilizados simultáneamente por diferentes personas.

Los diferentes miembros de una familia, o incluso los invitados a una casa, podrían haber realizado las supuestas descargas. A menos que el router inalámbrico haya sido debidamente asegurado (y en algunos casos, incluso si se ha asegurado), los vecinos o transeúntes podían acceder a Internet utilizando la dirección IP asignada a un abonado concreto y descargar las películas del demandante.

Una explicación clara y certera de lo que hasta ahora está ocurriendo en este tipo de casos. Brown deja claro que tanto la demanda en cuestión como otras similares no pueden vincular una IP a una persona.

De alguna forma su dictamen viene a decir que los titulares de derechos de todos los casos anteriores han acusado injustamente a miles de personas. Su conclusión, cerrando las demandas en masa abiertas en el Distrito Este de Nueva York, es una referencia a partir de ahora para el resto de jueces.

La declaración se produjo hace unas horas a través de Forbes y dice así:

Si bien apoyamos de todo corazón una Internet más segura, CISPA tiene un alcance amplio y alarmante que va más allá de la seguridad en la red. El proyecto de ley atenta contra nuestra privacidad, incluye definiciones vagas sobre la ciberseguridad, y concede una inmunidad a las empresas y el gobierno que son demasiado amplias en torno al uso indebido de la información. Esperamos que el Senado se tome el tiempo necesario para examinar a fondo y abiertamente estos temas con la participación de los interesados antes de seguir adelante con esta legislación.

Y es que desde que se presentara la propuesta en el mes de noviembre han habido muy pocas críticas dentro de las “tecnológicas”. A diferencia de SOPA, las únicas voces en contra han salido de los grupos de libertades y usuarios en la red.

No sólo eso, el mes pasado dábamos cuenta del conjunto de compañías que apoyaban públicamente la regulación entre las que se incluían Facebook, Microsoft, IBM, Intel, Oracle o Symantec. Microsoft cambió su discurso hace unos días aunque aseguraba que su apoyo continuaba.

La respuesta de Mozilla no es nueva. En el mes de enero fue uno de los principales detractores de SOPA junto a la Wikipedia o Reddit en el ya famoso blackout escenificado con un “apagón” de 24 horas en la red.

Esperemos que al mensaje de Mozilla le sigan otras compañías del sector ahora que CISPA llega al Senado. Google es posiblemente el único de los “gigantes” que aún no ha tomado partido de manera pública. Un rechazo de la compañía reforzaría la lucha contra una propuesta que permitiría compartir los datos de los usuarios entre empresas y agencias de seguridad del país sin tener en cuenta las leyes de privacidad.

Este año, los países en la lista de vigilancia prioritaria son: Algeria, Argentina, Canadá, Chile, China, India, Indonesia, Israel, Pakistán, Rusia, Thailandia, Ukrania y Venezuela.

Los países en la lista de vigilancia: Belarusia, Bolivia, Brasil, Brunei, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Finlandia, Grecia, Guatemala, Italia, Jamaica, Kuwait, Líbano, México, Noruega, Perú, Filipinas, Rumania, Turquía, Turkmenistán, Uzbekistán y Vietnam.

El Reporte 301 considera como desarrollos positivos en materia de propiedad intelectual la controvertida e ilegítima Ley Sinde en España, así como la firma de los tratados de libre comercio con Corea del Sur y Colombia. Estos últimos, por cierto, firmados en medio de fuertes protestas que resultaron en movilizaciones de protesta en Corea del Sur y un movimiento de resistencia al maximalismo de las leyes de propiedad intelectual en Colombia, y el cual afortunadamente crece y se organiza cada día más.

Es decir, todo aquello que los ciudadanos de España, Colombia y Córea del Sur consideran abusivo e ilegítimo, es un logro para la USTR.

La USTR demuestra una falta de tacto y contacto con la realidad sin precedentes en su cada vez más ridículo Reporte 301. En cuanto a el ACTA, el reporte afirma que los países negociadores que ya firmaron están actualmente realizando los procedimientos necesarios para implementar el tratado. La realidad, sin embargo, es que la oposición en la red, las calles y los recintos legislativos — incluyendo los de Estados Unidos — en contra de ACTA crece cada día más y su futuro es más que incierto gracias a la fuerte resistencia que existe dentro del Parlamento Europeo.

Por otro lado, no tengo idea cual es el logro en cuanto a TPPA para la USTR, ya que incluso en Estados Unidos el Senador Ron Wyden ha pedido se deje a un lado la innecesaria opacidad en torno a su negociación. La atención al tratado crece cada día más, así como la acción académica y legislativa en torno a sus negociaciones,lo cual seguramente dará mucho de que hablar esta semana cuando inicie la nueva ronda de negociaciones en Dallas, Texas.

Por supuesto el Reporte 301, considera como acciones positivas la negociación de estos dos tratados, ambos envueltos en un halo secretismo y opacidad que solo ha provocado que la USTR se vuelva en un burla, al exponerse una sombra de Hollywood: un títere controlado por los monopolios del entretenimiento.

El Reporte 301 es un simple mecanismo de bullying, nada más. La USTR es un vil troll legislativo, sin argumentos pero que abusa de su poder para presionar a economías más pequeñas y poco soberanas como México y Colombia. A la USTR le tiene muy sin cuidado el raro ejercicio democrático que ACTA tuvo en México y en el cual el Senado decidió que este tratado no era conveniente para el país:

Los Estados Unidos esperán que México firme, ratifique e implemente el ACTA, que México negoció.

La opinión y voluntad de los ciudadanos mexicanos, a la USTR, le tiene sin cuidado y lo cual es digno de atención, debido a que esto no se acaba con ACTA y la entrada de México al grupo de negociador de TPPA, es muy factible.

Países que más o menos se mantienen al margen de la influencia política de Estados Unidos, como Venezuela y Argentina también se encuentran en el reporte. Otros como Chile y Perú, y quienes se encuentran negociando TPPA, sin embargo, ahí se encuentran. La formulación de los criterios son una caja negra a la cual solo tienen acceso e influencia los grandes lobbies y ONGs que son invitadas para no quedar tan mal,pero que influyen poco o nada en los resultados del Reporte 301.

Ya se ha explicado antes la naturaleza estilo catapulta de las leyes de propiedad intelectual. Cada ley, cada tratado, cada acuerdo sirve como incentivo para incrementar la protección y la vigilancia. Siempre es más nunca menos. Prueba de esto es el caso de Colombia: a pesar de que el país latinoamericano aprobó recientemente la Ley LLeritas, como parte de las demandas para cerrar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, aún así la USTR mantiene a Colombia en su lista de bullying.

Los legisladores que se niegan a entender las implicaciones de la propiedad intelectual para la gobernabilidad y la soberanía de economías emergentes, ricas en cultura y conocimiento, simplemente contribuyen a alimentar a una bestia insaciable. No estoy segura que este sea el trabajo para el cual han sido electos los legisladores…

Sin el más mínimo interés de guardar las apariencias, el lenguaje del Reporte 301 es idéntico a la de los lobbies de la industria. Y es que el Reporte 301 es la prueba anual del estado de descomposición y captura regulatoria en la cual se encuentra este debilitado régimen legal, y el cual, es imposible de implementar en su forma actual en un mundo donde existe algo llamado internet.

“Piratería Digital”

La sección dedicada a “Piratería a través del Internet y Piratería Digital” del reporte 301 nos da unas pistas de las batallas que vienen. El desolador panorama incluye la lucha contra dispositivos móviles y tabletas, es decir, el mercado más vibrante para la distribución de bienes digitales:

La retransmisión no autorizada de eventos deportivos en vivo a través del internet continúa siendo un gran problema par amuchos socios comerciales, particularmente China, y los “sitios de enlaces” amplifican el problema. En adición a esto, la piratería utilizando nuevas tecnologías es un problema emergente internacionalmente. Las industrias del copyright de EUA reportan problemas crecientes de piratería utilizando teléfonos tabletas, flash-drives, y otras tecnologías móviles. En algunos países, estos dispositivos son pre-cargados con contenido ilegal antes de ser vendidos. En adición a la piratería de música y películas, la piratería de **tonos, apps, juegos y libros escaneados esta sucediendo. Nuevas plataformas incluyen la creación de sitios “híbridos” que ofrecen bienes falsificados y bienes protegidos con copyright pirateados, en un esfuerzo por crear una one-stop-shop para los usuarios que buscan bienes baratos y contenido gratis.

Lo que vemos aquí es que la retórica de Hollywood ha capturado por completo a la USTR, quienes prácticamente condenan todo: la copia, la distribución de bienes y los dispositivos que lo hacen posible. Todo. Lo único que me viene a la mente es la ponencia de Cory Doctorow acerca de que las Guerras de Copyright son solo el principio de lo que está por venir.

La USTR afirma que trabajará con países como México, Chile y Colombia para que endurezcan sus leyes de aplicación y vigilancia de propiedad intelectual en el entorno digital. Qué descaro. La sección de “Esfuerzos para construir capacidades”, afirma que la USTR entrena jueces, oficiales, policías y agentes de migración, legisladores y titulares de derechos para “construír un sistema global más eficiente de protección y vigilancia de la propiedad intelectual”, así como también “colabora con el sector privado para realizar campañas acerca de los peligros de los bienes falsificados y el valor de la propiedad intelectual para las economías”. Sin comentarios.

El grupo de investigación de piratería del Social Science Research Council ha descrito al Reporte 301 como una poderosa arma y a la USTR como una organización nada transparente. La combinación de poder y opacidad simplemente no es sostenible para una sociedad con ciertas expectativas democráticas y que ya esta harta de la red de colusión entre gobierno y empresas que mantiene vivo al salvajismo neoliberal.

El capítulo dedicado a la USTR de “Piratería de Medios en Economías Emergentes” PDF, señala:

Es imposible soslayar la importancia de la USTR en el proceso de “shopping” de foros y de escalar el nivel de las normas internacionales. Los informes anuales llamados Reporte Especial 301 de la USTR cumplen el papel del palo en el enfoque “zanahoria y garrote” utilizado por Estados Unidos en la política internacional de PI. Estos informes evalúan el cumplimiento que hacen los países de las normas de control de la PI, tanto las que existen en los tratados como las que Estados Unidos quisiera que adopten. Comunican recomendaciones de cambios en las leyes nacionales y señalan las condiciones necesarias para que Estados Unidos adhiera a acuerdos internacionales, como la OMC. Amenazan a los países con incluirlos en la “Lista de vigilancia” o “Lista de vigilancia prioritaria” y los recompensan retirándolos de allí. Señalan, además, la intención de Estados Unidos de decidir sanciones u otras medidas cuando las demandas no son satisfechas.

El Reporte 301 de la USTR no refleja ni la realidad ni las normas sociales, es pura propaganda barata con un solo un objetivo: la protección de los monopolios intelectuales.

Desgraciadamente no hay mucho que hacer mientras la USTR marque la pauta a través de presiones de este tipo. Sí los países a los que Estados Unidos oprime comercialmente por medio de tratados no reclaman su poder para decidir sus propias leyes de acuerdo a sus necesidades y contexto social, cultural y economómico, los sistemas legales se seguirán deteriorando y las leyes de propiedad intelectual continuarán convirtiéndose en leyes de represión que fomentan la corrupción institucional, los monopolios y el abuso de los derechos humanos para proteger anti-mercados culturales que funcionan como mecanismos neocolonialización.

Lo único bueno de todo esto, es que hoy como todos los días y gracias al Reporte 301, el régimen de propiedad intelectual es un poco más ilegítimo. Y sin legitimidad, la ley no es nada.

Una legislación bajo el título de The Social Networking Online Act que ha sido escrita por los congresistas Eliot Engel y Jan Schakowsky en respuesta al número creciente de informes donde se exigían estas prácticas, la mayoría a solicitantes de empleos donde se pedía las contraseñas de Facebook como condición para acceder al mismo.

El proyecto de ley busca erradicar esta situación, a todas luces abusiva atacando la privacidad de los trabajadores pidiendo las credenciales en las redes sociales. Según queda tipificado en parte de la redacción:

Un proyecto de ley que persigue acabar con la exigencia a empleados actuales o potenciales a entregar las credenciales de acceso a su contenido online, a que no pueda ser utilizado como condición de empleo y discrimine o niegue el empleo a las personas, ni las castigue por negarse a dar voluntariamente la información.

Facebook ya había amenazado anteriormente sobre la posibilidad de emprender acciones legales contra aquellas organizaciones que requieran a sus empleados a que revelen sus contraseñas. No sólo eso, en la práctica, en Estados Unidos es una violación de la legislación vigente tipificada en la Electronic Communications Protection Act de 1986, aunque los escritos se daban a “todos los datos almacenados electrónicamente”.

La regulación se aplicaría también en universidades y escuelas y con ella se espera aplicar legislativamente los derechos de los trabajadores sobre sus contraseñas y “vida digital” dentro de las redes sociales.

A mi gusto los días mundiales de “x” o “y” son un poco cómicos e innecesarios. Pero algunos de ellos además están completamente fuera de lugar, tal y como es el caso del día mundial de hoy: el de la propiedad intelectual. Es difícil entender sí lo que celebran es su antigüedad, su inutilidad, su colapso, su fracaso o su ilegitimidad. En fin, hay días para todos.

Pero mientras unos juran y perjuran que hay que proteger la propiedad intelectual por medio de más vigilancia y control desmedido — a lo cual se refieren como cultura de la legalidad—, se ha abierto una investigación contra Hollywood por supuestos “pagos ilegales” a autoridades Chinas.

El New York Times reporta:

La Comisión de Seguridad e Intercambio y el Departamento de Justicia ha comenzado una investigación sobre sí algunos de los estudios más grandes de Hollywood han realizado pagos ilegales en China para obtener el derecho a filmar y mostrar sus películas ahí, de acuerdo a una persona con conocimiento de las investigaciones.

De acuerdo al diario estadounidense, tres de los posibles cinco estudios involucrados son 20th Century Fox, Walt Disney Company y Dreamworks.

Al igual que el caso de sobornos por parte de Wall-Mart a las autoridades mexicanas para acelerar su crecimiento — y también revelado por el New York Times, el caso de los estudios cinematográficos en China, es un poco parecido.

De acuerdo a la información recopilada por el NYT, inmediatamente después de una reunión entre Xi Jinping, vice-presidente de China, con políticos y ejecutivos de estudios cinematográficos en Washington el pasado mes de febrero, China incrementó el número de cintas extranjeras que iba a producir y la porción de regalías de las taquillas que los estudios podrían obtener.

NYT afirma que las negociaciones fueron conducidas desde el más alto nivel de la administración de Barack Obama: el vice-presidente Joe Biden — conocido por su abierto extremismo en cuanto a la protección de propiedad intelectual y pro-endurecimiento de dichas leyes — realizó el trato personalmente con Xi Jinping.

Esto demuestra por enésima vez la hipocresía de la administración de Obama en cuanto a propiedad intelectual, mientras se desgarran las vestiduras para proteger la incapacidad de Hollywood para adaptarse a la realidad impulsando tratados internacionales como ACTA y TPP, por el otro lado, negocian con el infractor masivo número uno de propiedad intelectual y quien no es parte negociadora de estos represivos tratados: China.

No es necesario repetir que la propiedad intelectual, a este punto, carece de legitimidad exactamente por culpa de las acciones de los supuestos defensores de la legalidad y quienes además, se dan el lujo de sermonear a la sociedad entera dispersando propaganda barata para limitar y controlar la forma en la cual se crea, consume y distribuye la cultura en el siglo XXI.

La creatividad y la cultura no dependen de ninguna forma de las leyes de propiedad intelectual. Es por esto que la inútil guerra contra la piratería que ha lanzado el gobierno de Estados Unidos y las industrias de entretenimiento contra la sociedad entera, para fines prácticos solo equivale a disparar con una pistola de agua a castillos de arena.

En el día de la propiedad intelectual (de la avaricia, la necedad y la hipocresía) una noticia de este tipo, con China y Hollywood involucrados, es simplemente meta.

Imagen Flickr/Cristenenq

PD. Para todos los que no celebramos estas fiestas bravas y esotéricas: feliz jueves y aquí les dejó un poco de música maravillosa y uno de mis libros preferidos para que lo descarguen.

ACTA. Sí más de ACTA. El día de ayer los integrantes del Comité ITRE del Parlamento Europeo se echaron para atrás en la adopción del reporte de la MEP Amelia Andersdotter y el cual recomienda rechazar ACTA. El MEP Herbert Reul(EPP) argumentó descaradamente: “Muchos jóvenes protestaron en contra de ACTA, ¿y?”.

¿Y? Bueno, argumentos sobran. La semana pasada varios académicos, ONGs, representates de industrias y algunos parlamentarios presentaron una vez más sus razones para rechazar ACTA. Argumentos válidos, contundentes, razonables:

Pero no es suficiente, muchos parlamentarios tienen un grave problema: su trabajo no representa a la gente a la cual sirven.

Mientras el reporte de la MEP Andersdotter del Partido Pirata podría ser enmendado, el reporte de la fundamentalista del copyright, MEP Marielle Gallo del Comité JURI del Parlamento, será presentado esta semana y su recomendación concluye que ACTA sea adoptada en la Unión Europea.

Mientras tanto el organismo Supervisor Europeo de Protección de Datos (European Data Protection Supervisor) publicó el día de ayer un reporte(PDF) en el que específica claramente que ACTA va más allá de lo permitido por las leyes europeas.

El extenso reporte disecta el problemático artículo 27 de ACTA -– el cual hemos abordado con profundidad en ALT –– e insiste en que es desproporcionado, además de que el tratado de carece de limitaciones y salvaguardas para proteger la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, a la asistencia legal adecuada y al debido proceso..

La opinión de la autoridad máxima de protección de datos en Europa además considera que ACTA carece de precisión acerca de las medidas que serán utilizadas para combatir las infracciones en línea y las cuales tendrían ”efectos colaterales inaceptables en los derechos fundamentales de los individuos”.

… Muchas de las medidas para reforzar la protección de PI en línea pueden involucrar monitoreo a gran escala de comportamiento de los usuarios y de sus comunicaciones electrónicas. Estas medidas son altamente intrusivas para la esfera privada de los individuos …

No es ni la primera vez ni la última que estos problemas han sido señalados, explicados y discutidos. Pero la influencia de los lobbies de la industria del copyright no se dedica a resolver conflictos, sino a crearlos — algunos simplemente prefieren no escuchar y pretenden que todo esta bien. Ahí tenemos nuevamente a la Comisionada Neelie Kroes, fantaseando mundos de innovación mientras la Comisión se arrastra para que el Parlamento acepte ACTA.

Aunque la situación es precaria para el tratado, sus negociadores y sus porristas; la realidad es que lo más duro es que la confianza en las estructuras de gobernabilidad se cae a pedazos, cada día que pasa y que los políticos demuestran su cobardía, su poca voluntad política y su profunda ignorancia en torno a los desastrosos efectos que ACTA tendrá, si cometen el irreparable e imperdonable error de ser aprobada.

Hace unas horas los grupos parlamentarios del EPP y ALDE sostuvieron conferencias de prensa por separado para hacer pública sus posición final acerca de ACTA:

• el bloque del EPP considera que la solución no es votar en contra del ACTA sino que la Comisión arregle el tratado. #FAIL.
• el bloque ALDE rechazó ACTA y votará en contra de su adopción.

Esto significa que ya no hay mayoría en el Parlamento. Pero esto aún no se acaba como podrán imaginar: la votación final es en julio.

ACTA no es un zombie que funciona por inercia, son políticos electos y no electos, son lobbies, son industrias.. todos en decadencia e inútiles para una sociedad harta de democracia simulada. Será imposible avanzar en otra dirección por medio de un tratado que evita proteger las libertades civiles deliberadamente.

Por cierto, el 26 de abril, día de la propiedad intelectual, se celebrará en Berlín una manifestación PRO ACTA. Los productores de dicho evento pagan 100 euros por dos horas a estudiantes que deseen participar.

Los organizadores de esta protesta pagada son los mismos que llaman a la oposición de ACTA: miope y anti-democrática.

Imagen vía Pirati

Uno de los servicios de Internet que suele estar en el punto de mira de ISPs, discográficas y entidades gestoras de derechos de autor es The Pirate Bay, el popular motor de búsqueda de contenidos multimedia fundado en 2004 por la organización Piratbyrån. En estos años han sufrido un gran acoso judicial que intenta llevarlos a la cárcel y que dejen de operar, algo contra lo que luchan sirviendo en dominios alternativos o experimentando nuevas formas de alojar su información. El ingenio de The Pirate Bay se va a tener que volver a poner a prueba en Bélgica puesto que varios ISPs han bloqueado el dominio bajo el cual The Pirate Bay estaba operando.

Hace unos meses, la Corte de Apelación de la ciudad de Amberes (Bélgica) ordenó a dos de los ISPs del país (Belgacom y Telenet) que bloqueasen el acceso a The Pirate Bay, ratificando una sentencia del año 2010 que había sido recurrida por los fundadores del servicio y que procedía de una demanda que interpuesta por la Fundación contra la Piratería de Bélgica que solicitaba el bloqueo del acceso al servicio a los internautas del país.

La ratificación de la sentencia daba un plazo de 14 días máximo para su ejecución (bajo multa a los ISPs que no cumpliesen el mandato), es decir, 14 días para bloquear los 11 dominios bajo los que operaba The Pirate Bay en el país. ¿La solución para The Pirate Bay? Registrar otro dominio y operar con él, así que decidieron registrar depiraatbaai.be y continuar con el servicio, sin embargo, desde ayer el servicio vuelve a estar vetado en Bélgica (desde fuera se puede acceder con normalidad bajo este dominio).

Desde ayer, los usuarios belgas que intentan acceder a depiraatbaai.be encuentran un disclaimer en el que se informa a los usuarios que la página web que intentan visitar ha sido retirada del servicio y en el que podemos distinguir al final de la lista el logotipo de la Policía Federal de Bélgica precedido por el logotipo de eCops, un sitio web para denunciar contenidos y páginas de la red:

Usted ha sido redirigido a esta página. La página web a la que quiere acceder contiene información que son ilegales según la legislación belga. Si usted gestiona o es el propietario de de esta página web y además piensa que esta redirección es incorrecta, puede usted enviar un fax al número +32(0)2/733.56.16

¿Qué hará ahora The Pirate Bay para paliar esta situación? Seguramente recurran al registro de otro dominio que, básicamente, es una de las prácticas habituales. De todas formas, es bastante significativo este bloqueo porque denota que, tras el mandato judicial de la Corte de Amberes, los dominios alternativos registrados con posterioridad también se ven que están afectados.

Imagen: TorrentFreak

Este día, se publica en el Diario Oficial de la Nación el decreto que aprueba diversas reformas para permitir el uso de la geolocalización para la persecución criminal bajo sospecha. A este conjunto de cambios legislativos se les conoce como la Ley de Geolocalización (o #LeyStalker, como se le ha rebautizado en Twitter), y tras su discusión en la Cámara de Diputados y en el Senado, entrará en vigor en México a partir del miércoles 18 de abril.

La propuesta no consiguió el suficiente rechazo para ser descartada durante su fase de discusión. La Ley de Geolocalización fue respaldada por el empresario Alejandro Martí, quién a través de la organización México SOS, presentó a inicios de 2011 un proyecto de reforma para -entre otros puntos- “contemplar la Geolocalización en tiempo real de llamadas telefónicas en caso de secuestro.” Martí alcanzó notoriedad pública cuando, en 2008, su hijo fue secuestrado y asesinado; a partir de esa fecha, se dedicó a promover cambios legislativos para el combate al crimen organizado, como su apoyo a la cuestionada Ley de Seguridad Nacional.

La ley pasó al Senado, donde en abril de 2011 fue aprobada y turnada a la Cámara de Diputados. Ahí se quedó varada, reavivándose y apagándose el debate durante meses, hasta que el 1 de marzo de 2012 fue aprobada prácticamente por unanimidad (315 votos a favor, 6 en contra). Buena parte de su triunfo se debió al apoyo público de figuras como Martí o Isabel Miranda de Wallace, otra promotora de reformas en seguridad en México y actual candidata del PAN a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

Días después de su aprobación, Electronic Frontier Foundation emitió un comunicado en el que condenaba la aplicación de esta ley. Con esta reforma, el Estado está capacitado, a través de sus dependencias de seguridad -como la Procuraduría General de la República o la Secretaría de Seguridad Pública- a solicitar datos de geolocalización para investigaciones policiales, sin necesidad de una orden judicial de por medio y bajo motivos de sospecha. Los proveedores que se nieguen a entregar la información recibirán una cuantiosa multa por negarse a cooperar con las autoridades.

La reforma no especifica qué uso se le dará a los datos ni qué institución será responsable de resguardarlos. A propósito, rescato unas palabras de Geraldine Juárez, quien ha llevado el seguimiento del tema en ALT1040:

El Sr. Martí omite el hecho de que la confianza es un algoritmo complicado que ninguna tecnología puede proveer. La Ley de Geolocalización es exactamente lo opuesto a lo que se necesita para generar un clima de justicia y legalidad en México. El caso de RENAUT no fue suficiente para los legisladores mexicanos reconocieran los riesgos que implican bases de datos masivas de datos personales y evaluaran de una forma más ética y justa, y menos moralista — las implicaciones de la aprobación de esta ley en medio del clima de violencia, corrupción y colusión que existe en México.

Y ahora, ¿qué queda? Luis Fernando García, abogado especialista en derechos humanos, considera que se debe promover una acción de inconstitucionalidad:

Se debería buscar que se interponga una acción de inconstitucionalidad. La pueden interponer la PGR (no va a suceder), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Poco probable en tanto el ombudsman es muy cercano a una de las principales promotoras de la medida [Miranda de Wallace] pero que debe intentarse) o el 33 % de alguna de las cámaras. (Difícil).

Para tal efecto, García ha publicado un análisis jurídico (23 pp.) que sustenta la inconstitucionalidad de la Ley de Geolocalización. Con la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Nación, la discusión ha revivido, por lo que se ha creado una petición a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que interponga el recurso.

Desafortunadamente, la Ley de Geolocalización no causó suficiente rechazo en su momento para ser retirada. Como mencioné, el apoyo de Martí y Miranda, promotores “ciudadanos” de la ley, generó simpatías en un sector que probablemente desconozca los peligros latentes de esta reforma. También es cierto que México se encuentra fragmentado en posturas de seguridad y que las políticas públicas se piensan a corto plazo, sin medir las consecuencias. El daño ya está hecho. La duda es si estamos aún a tiempo para revocar la medida.

Los senadores Fernando Castro Trenti, Francisco Javier Castellón Fonseca y Juan Bueno Torio han enviado una propuesta para reformar el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, mediante la cual se obliga a los proveedores de servicios de Internet (ISP) a informar a los consumidores sobre cualquier restricción en la conexión. Suena como un acto de transparencia, pero en realidad, se trata de una afrenta contra la neutralidad de la red.

Actualización [17/04]: En su cuenta de Twitter, el senador Juan Bueno Torio afirmó que ha retirado su apoyo a la reforma, “en virtud de la inconformidad que ha despertado”. Así mismo, declaró que buscará que este martes 17 la propuesta sea retirada del Senado. - Pepe Flores

La reforma del artículo (PDF, 9 pp.) como tal, va de la siguiente manera:

De igual forma, aquellos que comercialicen, presten o provean servicios de telecomunicaciones relacionados con redes de comunicación interconectadas, deberán de informar de manera expresa a sus usuarios previo a la contratación del servicio, sobre cualquier práctica de restricción al tráfico, por causa de contenido, del tipo de protocolo, por la aplicación utilizada, por el ancho de banda, así como de toda administración del tráfico que censure, impida, desvíe, de prioridad o retrase su velocidad, en función del origen o destino de la comunicación.
La libertad de elección de los usuarios y la equidad en las contrataciones, estará privilegiada en cualquier tipo de prestación de servicios de telecomunicaciones, por lo que cualquier proveedor de este tipo de servicios tendrá plena libertad de ofrecer diversas calidades del servicio, de ancho de banda y de contenidos o de cualquier otro valor agregado, sin detrimento del entorno de competencia;

Es decir, se facultaría -bajo una premisa de fomento a la competencia- a los ISP a restringir la conexión, siempre y cuando se haga el aviso previo al consumidor. Así, el servicio abierto pasaría a ser un valor añadido, y no una garantía. ¿Por qué? La retórica puede desenmascararse desde la exposición de motivos de la propuesta, donde los senadores señalan que hay dos posturas al respecto:

Las posiciones encontradas sobre la neutralidad, radican en que algunos sectores estiman necesario el que la red sea un espacio libre donde los contenidos, aplicaciones y dispositivos no tengan obstáculos ni limitaciones, por lo que estiman que los proveedores de internet no deben de discriminar el acceso de los usuarios o ni que disminuyan el consumo de banda ancha para protocolos, por lo que defienden que no existan limitaciones de ningún tipo.

Nótese que al decir “algunos sectores”, se usa una retórica de fragmentación. Es decir, “algunos” opinan que la red debe ser neutral y sin limitaciones, tal como se ha defendido desde su génesis. La manipulación continúa:

Por otro lado, se encuentra la posición de un sector amplio que se pronuncia en contra de la implementación de la neutralidad de la red en nuestro País, dado que consideran que el servicio de Internet es un servicio inherente a las telecomunicaciones y por ende, por razones de seguridad y protección a los usuarios de dicho servicio, se debe limitar el acceso en ciertas circunstancias, toda vez que es preciso que no se haga un mal uso del mismo y se violen los derechos de terceros y de la sociedad, además de que se debe de evitar que el internet sea un medio para la comisión de actos que pudieran constituir o que constituyan ilícitos o actos contrarios a la ley.

Al usar “sector amplio”, se da la noción de unidad (¿de quiénes?; ¿las empresas, el gobierno, los especialistas?). Como siempre, se explota el argumento de la seguridad y la protección; aduciendo que toda regulación de la neutralidad es con fines benéficos, para combatir “el mal uso”, así como actos “ilícitos y contrarios a la ley”. En un país donde existe una ley de ciberdelitos coercitiva, es una mala señal.

Al final, los senadores concluyen que existen dos tipos de neutralidad de la red:

Por ello resulta importante hacer notar que existen dos tipos de neutralidad de la red, siendo el primero de ellos, el asociado al derecho a la información y a la libertad de expresión y el segundo se asocia a dar un tratamiento uniforme a todo tipo de contenido que es enviado y recibido por medio de la Red y que se traduce en dar un mismo tratamiento en prioridad y precio a toda aplicación, contenido o servicio que es cursado por Internet.

Después de hacer notar la diferencia -artificial, desde mi perspectiva- la propuesta señala que la postura de México es defender la primera (asociada a la libertad de expresión), pero permitirle al Estado facultades de regulación en el segundo caso, bajo argumento de competitividad económica:

“El primer tipo de neutralidad (…) abarca derechos que se consagran en las constituciones políticas de varios países, en el caso de México, dichos derechos, son elevados al rango de garantías y por ese solo hecho, se contienen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es obligación del Estado garantizar su respeto y reconocimiento, sin embargo, el segundo elemento implica una regulación tarifaria “no neutral” en el uso de las redes de telecomunicaciones, toda vez que tiene efectos adversos en el uso eficiente de la capacidad finita de las redes de banda ancha e ignora principios económicos fundamentales de tarificación en el uso de la infraestructura existente y los incentivos a su expansión en el futuro.

Es decir, para los legisladores, la protección del libre tránsito de los datos no debería estar protegida, ya que el flujo de éstos puede estar supeditado a condiciones comerciales. La propuesta de ley se ampara en que Internet está enmarcado dentro de la Ley Federal de Comunicaciones; de este modo, debería ser tratado con las mismas condiciones que el espectro radioeléctrico. Pero la parte económica no es la única que juega en la reforma:

“[El Estado Mexicano] vigilará el cumplimiento de lo dispuesto en los títulos de concesión y permisos otorgados en la materia, y ejercerá las facultades de supervisión y verificación, a fin de asegurar que la prestación de los servicios de telecomunicaciones se realice con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. (…) [L]a prestación de los servicios de telecomunicaciones deben realizarse con apego a la diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, además de promueven una adecuada cobertura social, sin restricción a los usuarios, pero previendo y sancionando el mal uso de las telecomunicaciones, por ello, en el uso del servicio de internet, su acceso debe de ser limitado en ciertas circunstancias.

Para justificar la propuesta, los senadores señalan que países como Japón, Reino Unido o la Unión Europea se han negado a regular en materia de neutralidad. Claro, olvidan que estas tres entidades tienen un historial muy prolífico a favor del lobby del copyright y con propuestas restrictivas en Internet (ACTA y Ley Hadopi, por poner dos ejemplos). Por esa razón, sugieren que México abrace el paradigma de “consumidores bien informados”. Es decir, permitir que los proveedores de servicios de Internet (ISP) restrinjan el acceso a sitios o contenidos, pero que sean “transparentes” con el consumidor para que puede elegir la opción menos restrictiva:

Los proveedores de internet [deben informar] a los consumidores sobre las prácticas, sin revelar detalles técnicos, que pudieran poner en riesgo la seguridad o la información confidencial de cada competidor, por lo que tendrán la Obligación de revelar al usuario toda práctica de restricción al tráfico sea en virtud de su contenido, su ancho de banda o su velocidad, ya que toda administración del tráfico que censure, impida, desvíe, de prioridad o retrase su velocidad en función del tipo de contenido, del protocolo o aplicación utilizada, del origen o destino de la comunicación o cualquiera otra consideración debe de ser informada y elegida expresamente por el usuario.

Pongámoslo en contexto. Algunos de ustedes quizá recuerden que en 2008 se descubrió una cláusula en los términos y condiciones de Infinitum, en los que se prohibía el uso de aplicaciones VoIP como Skype. Eran tiempos diferentes: el VoIP apenas se popularizaba en México, por lo que Telmex lo veía como una amenaza para sus intereses (sobre todo, para su servicio de telefonía de larga distancia). En efecto, quienes usábamos Skype en ese entonces, experimentamos problemas en la conexión. Una vez que se denunció públicamente, la restricción terminó.

Ahora, con esta reforma, Infinitum podría restringir estos servicios sin inconvenientes, y la ley sólo lo obligaría a decirlo en el contrato. Entonces el cliente tendría que irse con otro ISP que le convenga. Bien, supongamos que decide contratar algún proveedor que, además, dé servicios de televisión de paga (como Cablevisión), y le avisan que la navegación a servicios de streaming como YouTube, Netflix o Justin.TV está regulada. El consumidor tendría que optar entre una censura u otra.

Por supuesto, entidades como el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) tendrían carta abierta para presionar a los ISP a regular o impedir ciertos servicios bajo la presunción de violación de copyright. Sí, la reforma garantiza transparencia para saber qué se bloquea, pero no defiende la neutralidad de la red. La idea de fomentar la competitividad de esta forma es estúpida: los ISP venderían su apertura como valor añadido, en detrimento de empresas y servicios en la red que se verían afectados por las restricciones.

La reforma emplea dos de los argumentos preferidos para regular Internet: el primero, la garantía de seguridad y combate al crimen (con lo cual, queda la puerta abierta para restringir el intercambio de archivos bajo presunción de culpabilidad); y segundo, la competitividad (que sólo beneficia a los ISP, cortando de tajo la neutralidad de la red para proteger intereses comerciales). Más de lo mismo, disfrazado de transparencia.

Y es que los tribunales de Nueva Zelanda habían autorizado a Dotcom a retirar miles de dólares para cubrir sus gastos de subsistencia mientras se decide su posible extradición. Mientras, el gobierno de Estados Unidos sostiene que estos fondos dan la oportunidad a Dotcom y la plataforma para pagar una representación legal demasiado “costosa”.

Estados Unidos se opone a la selección de Quinn Emanuel debido a “conflicto de intereses”. La firma cuenta con amplia experiencia en casos relacionados con derechos de autor, además cuenta entre sus clientes con Disney, Paramount, Time Warner, Fox o Google. Todas empresas que a juicio de Estados Unidos habían sido utilizadas por Megaupload para alojar sus contenidos de manera ilegal.

En el caso de Google se argumenta que el gobierno tenía pensado llamar a YouTube como testigo, por lo que la representación de la misma firma no parece a juicio del gobierno como correcta. Según el documento, el gobierno indica que:

Todas estas empresas son víctimas de Megaupload, razón por la cual Quinn Emanuel no puede representar a la plataforma debido a los vínculos. No sería apropiado que permitan que los abogados investiguen a fondo y resuelvan estos conflictos.

La respuesta de la propia firma de abogados es que esta “amplia” interpretación supone que Megaupload no puede contratar a ninguna firma con experiencia en materia de derechos de autor. Un argumento lógico si pensamos que casi todas las grandes empresas que supuestamente tenían contenidos alojados en la plataforma tenían a su vez contratatos los servicios de firmas con experiencia en el campo.

No sólo eso, según el gobierno, Dotcom es actualmente un “prófugo de la justicia” en Estados Unidos y no tiene derecho a estar representado en los tribunales de Estados Unidos hasta que la extradición sea efectiva.

En definitiva, la interpretación del conflicto de intereses expuesta por el gobierno de Estados Unidos impide a Megaupload a tener una firma con experiencia en casos de litigio sobre derechos de autor. Si las objeciones se mantienen será difícil ver un juicio justo contra el cyberlocker.

El proyecto CISPA está siendo considerado en estos momentos por el Congreso de Estados Unidos. Un mecanismo que se ampara en el término “ciber seguridad” por el que los servicios de seguridad de Estados Unidos pueden compartir la información privada de los usuarios con otras empresas privadas y servicios públicos.

Con CISPA aprobada los proveedores de Internet y el resto de empresas que operan en la red deben acceder de manera “voluntaria” a los datos de cada usuario para luego informar a los organismos gubernamentales o compañías asociadas que lo soliciten. Un escrito que debido a su vaguedad ofrece demasiadas dudas sobre el paradero final de los datos privados de los usuarios.

Aún peor, esa vaguedad en su lenguaje podría dar plenos poderes para permitir o exigir a las empresas y aplicarla sobre los derechos de autor.

Se supone que con CISPA el intercambio de información es voluntario pero como muchos indican, detrás existirá el esfuerzo del gobierno porque las peticiones se cumplan, bien con accesos lucrativos a contratos federales para alentar a las empresas, bien ejerciendo presión sobre las que no participan.

Un proyecto tremendamente peligroso que se debatirá este mes de abril en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y a la que Facebook a querido dar su punto de vista tras las primeras críticas por su apoyo a la regulación. Les dejo con las palabras de la red social:

CISPA no nos impondría nuevas obligaciones a la hora de compartir los datos de los usuarios, sí compartiremos datos acerca de las amenazas informáticas específicas, seremos capaces de continuar protegiendo a nuestros usuarios la información privada, tal como lo hacemos hoy.

Somos conscientes de que los grupos de libertades civiles han expresado su preocupación por el proyecto de ley. La preocupación es que las empresas compartan información personal confidencial con el gobierno en nombre de la protección de la seguridad cibernética. Facebook no tiene ninguna intención de hacer esto y en todo caso no guarda relación con las cosas que nos han gustado de CISPA en primer lugar.

Vía Electronic Frontier Foundation:

Los países del TPP celebrarán informalmente una discusión inter-sesión esta semana para amarrar a los países más cerca de un acuerdo en las controversiales medidas de propiedad intelectual, en víspera de la próxima ronda formal de negociaciones en mayo. Aunque no hay foro para multi-actores públicos — académicos legales y expertos de organizaciones civiles de varios países del TPP celebrarán un seminario informativo mañana (hoy), para señalar como los textos filtrados del TPP dañaran el acceso al conocimiento y medicinas baratas.

La extrema opacidad con la que se conducen estas negociaciones provocaron ya el primer escándalo. Un grupo de académicos estadounidenses y la Universidad de Chile organizaron un evento —celebrado el día de hoy — para analizar el capítulo de propiedad intelectual de este tratado de libre comercio y enfocarse específicamente en el tema de los medicamentos y como el TPP ampliaría el poder de las farmacéuticas transnacionales e incrementaría el precio de éstos.

Con menos de dos días de anticipación, la Escuela de Leyes de la Universidad (pública) de Chile canceló el espacio que estaba programado. De acuerdo a Citivox, esto sucedió después de que un miembro de la facultad — y consejero pagado de la Cámara de Industria Farmacéutica — presionó a la Universidad.

El Senador Lagos, una prominente figura en Chile e involucrado previamente en las negociaciones lo confirma:

Lagos on #TPP: “I can speak more freely. This seminar was taken out of Univ of Chile because of pressure.”

— PIJIP (@WCL_PIJIP) April 12, 2012

“Puedo hablar más libremente. Este seminario fue sacado de la Universidad de Chile por presiones”.

No es la primera vez, en enero el mismo grupo de académicos de la Universidad de Washington organizó un evento para los grupos de interés público en Los Angeles y en el mismo hotel en donde se celebraban las negociaciones. Su reservación fue cancelada por presión de la USTR, y en cambio, los negociadores recibieron un tour exclusivo de 20th Century Fox en los estudios de Hollywood. En Techdirt se encuentra toda la patética historia.

En Chile la situación de opacidad no es distinta. La organización Derechos Digitales hizo una solicitud de Acceso a la Información a la agencia DIRECON para conocer los términos de las negociaciones. La solicitud fue negada y la información fue declarada oficialmente secreta.

Trans-Pacific Partnership es un tratado de libre comercio que incluye protección de copyright en el entorno digital, candados digitales tipo DMCA y la introducción de medidas para responsabilizar para intermediarios de servicios en internet.

Los tratados de libre comercio, gozan de confidencialidad en las negociaciones, de modo que son la forma ideal para contrabandear legislación de propiedad intelectual a espaldas del interés público, pero también, la forma ideal de restar legitimidad a la ya muy poca que le queda al régimen de propiedad intelectual en nuestros días.

El blog Manzana Mecánica preparó la traducción de los 10 puntos que hacen peor que ACTA al TPP - basado en el análisis de InfoJustice:

1

• El TPP indica que los países deben establecer procedimientos administrativos o judiciales para obligar a los proveedores de Internet a revelar la identidad de algunos usuarios.
• El ACTA indica que los países pueden establecer dichos procedimientos.

2

• El TPP incluye amplios poderes para que los titulares de derecho tengan acceso a información personal de sospechosos de violaciones a derechos de propiedad intelectual.
• El ACTA incluye salvaguardas que limitan esta información personal a la normativa existente en cada país, incluyendo la protección de la confidencialidad de las fuentes de información y de protección de datos personales.

3

• El TPP requiere penas criminales para los que pasen por alto restricciones digitales (DRM, como el de las consolas de videojuegos) y limita explícitamente los casos en que un país puede establecer excepciones.
• El ACTA no requiere penas criminales y permite a los países crear excepciones y limitaciones a las reglas sobre restricciones digitales, por ejemplo, para hacer accesible un contenido digital a personas con discapacidades.

4

• El TPP al igual que el ACTA manda penas criminales incluyendo la cárcel por infringir los derechos de propiedad intelectual.
• Pero el ACTA dice que tales penas deben ser consistentes con las “penas aplicadas a crímenes de la misma gravedad”

5

• El TPP aplica estas penas independientemente de que la persona que realiza la acción sepa o no que está cometiendo una infracción.
• El ACTA aplica estas penas sólo si la infracción se comete sabiendo que se está infringiendo los derechos de alguien. Esto es particularmente importante en el caso de las patentes donde las infracciones a menudo no se conocen hasta que existe una demanda.

6

• El TPP aplica estas penas incluso en casos que no implican una ganancia económica.
• El ACTA actúa en los casos en que la infracción se realiza con fines de lucro.

7

• El TPP exige penas criminales cuando existe una infracción con fines de lucro.
• El ACTA exige solamente medidas de protección legal y de compensación económica.

8

• El TPP manda que en casos de juicios por patentes el que infringió una patente pueda tener que pagar las costas legales del juicio.
• El ACTA limita esto a los juicios por derecho de autor y marcas comerciales, no al caso de patentes donde a menudo las infracciones no son intencionales.

9

• El TPP incluye amplios poderes para que los gobiernos vigilen el tráfico de bienes que infringen los derechos de propiedad intelectual en sus fronteras.
• El ACTA incluye una lista de poderes específicos que se entregan en los controles fronterizos.

10

• El TPP requiere que todos los bienes incautados por violación de derechos de propiedad intelectual sean destruidos.
• El ACTA permite que los bienes incautados sean distribuidos a través de otros canales que no impliquen una merma comercial para el titular de los derechos.

El TPP pretende obtener todo lo que se perdió en ACTA y va incluso mucho más allá: recordemos que la protección de propiedad intelectual solo sube, nunca baja.

Los países latinoamericanos involucrados en las negociaciones son Perú y Chile, junto con Estados Unidos, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam — TPP pretende ser finalizado en julio. El gobierno mexicano ya expresó su deseo de incorporarse — a pesar de que no esta siendo parte de las negociaciones por el momento y su adopción obligaría a modificar las leyes mexicanas drásticamente.

Forbes describe las medidas de propiedad intelectual TPP como una desventaja para este tratado de libre comercio:

Como resultado de las medidas de derechos de propiedad intelectual, el TPP parece una importación de la ley doméstica de Estados Unidos, con particular enfásis en farmaceúticos y prohibiciones multimedia. Por ejemplo, las medidas de puertos seguros en internet parecen haber sido tomadas directamente del DMCA.

El Profesor Sean Flynn, acádemico del Programa de Justicia e Información de la Universidad de Washington llama a una moratoria de propiedad intelectual en tratados internacionales:

Deberíamos hacer un llamado para una moratoria de requerimientos legislativos de propiedad intelectual en acuerdos comerciales. Los tratados deben de volver a ser algo que sienta las reglas de comercio — tarifas y cuotas, no reglas de regulación doméstica, que es lo que las leyes de propiedad son. Los Estados Unidos no deben ser la legislatura del mundo, particularmente por medio de un proceso que falla los exámenes más elementales de transparencia y representación.

Colonialismo se escribe con C de copyright. Chile, también.

Foto de grupo TPP vía Gobierno de Chile

Y es que tras el asalto a la mansión, el Tribunal de Nueva Zelanda reprendió a las autoridades por la presentación de una orden de allanamiento incorrecta. A continuación se presentó una segunda solicitud muy cuestionada con la esperanza de que ofreciera carácter retroactivo al caso. Ese fue el momento en el que Dotcom presentó una demanda contra la incursión de la policía utilizando la fuerza además de argumentar que los archivos por los que se le acusa son en realidad legales y propios.

La policía aceptó dejar al jefe de seguridad de Dotcom descargar una copia de las imágenes de las cámaras de seguridad almacenadas en el único servidor del archivo personal de Dotcom, imágenes que fueron confiscadas por la policía durante el asalto a pesar de que no figuraban en la orden de allanamiento.

El jefe de seguridad de Dotcom acudió a la policía en busca de estas imágenes, descubriendo entonces que el servidor había sido desarmado completamente. Los funcionarios se negaron a volver a montar el servidor o a proporcionar cualquiera de los datos que figuraban en él aunque anteriormente existía un acuerdo para liberar el material de archivo.

Finalmente, Malcom Burguess, subdirector de la Policía, habló sobre el servidor y la redada:

Unos 20 o 30 oficiales que participaron estaban altamente capacitados y participaron en la redada después de evaluar la amenaza existente de que las evidencias pudieran ser destruidas. No estamos seguros de si tenemos o no esas imágenes.

Si el material no está disponible, es imposible saber si la historia de Dotcom es verdad, y por tanto, es imposible saber si se actuó de forma ilegal contra el dueño de Megaupload.

Ip Integrity presenta un resumen de las críticas que importantes medios como Le Figaro y Numerama hacen al respecto y en donde acusan a la agencia de manipular las cifras para satisfacer los fines políticos de la campaña presidencial de Nicolás Sarkozy.

Le Figaro utiliza un set de cifras de Mediametrie. De acuerdo a estas figuras, existían 4.5 millones de usuarios que compartían archivos en Diciembre del 2010, que se redujeron a 3 millones en Diciembre de 2011. Después agrega el número de visitantes a servicios de streaming para mostrar un incremento de 6.5 millones a 8.3 millones de visitantes durante el mismo periodo.

Cuando los números son posicionados en la gráfica, la intersección entre los 2 flujos de tráfico, ocurre en Octubre del 2010, justo antes de que las primeras notificaciones de alerta de Hadopi fueron enviadas.

El estudio de HADOPI asegura que más de 775,000 usuarios han recibido el primer aviso por descargar material protegido con copyright de forma ilegal y de éstos el 95% no necesito una nueva advertencia. Del resto, el 92% recibió el segundo strike. El 98% de quienes reincidieron, dejaron de hacerlo en el tercer strike y además, el 71% de estos se comprometieron a no volver a consumir ilegalmente material vía P2P.
Vaya que maravilla.

Sin embargo, Ip Integrity específica:

HADOPI clama que el 95% de usuarios que recibieron el primer strike no recibieron uan segunda notificación. Pero esto no es lo mismo que decir el 95% dejo de descargar material no autorizado. Por lo que los patrones de tráfico muestran, esto puede significar que ya lo hacen con sistemas P2P que estan severamente monitoreados.

Al parecer algo que olvida mencionar el reporte HADOPI es que al mismo tiempo a incrementado dramáticamente el uso de VPNs. De acuerdo a información de France Telecom obtenida por Ip Integrity, este ISP ha observado un incremento del tráfico cifrado desde que comenzó a implementarse la respuesta gradual en Francia.

Por otro lado Numerama señala que la investigación fue financiada por nada más y nada menos que IFPI y ALPA —una organización anti piratería que incluye a estudios de cine de Estados Unidos. Por otra parte cuestiona la falta de datos y falta de transparencia en su metodología de investigación:

Debido a la carencia de datos “recientes”, HADOPI no toma en cuenta las tendencias de ventas, que sería uno de los criterios más objetivos para medir la efectividad o no de la respuesta gradual. Si la piratería ha disminuído pero no se refleja en las ventas, de hecho probaría que la piratería no tiene ningún efecto en canibalizar las ventas, sino que la cultura es quien esta perdiendo en la lucha contra el file-sharing. Estos datos no existen en el reporte.

Debemos tomar nota de lo que significa este reporte: una mera fracción de la verdad, que no es de ninguna forma “la” verdad acerca del impacto real de la respuesta gradual y la respuesta de los usuarios. Para ser honestos, el estudio debería de haber sido ejecutado, usando más datos, objetivos y una metodología completamente transparente.

Afortunadamente las matemáticas del copyright y numerología fabricada por los lobbies pro-leyes anti-internet ya no pasan desapercibidas y existen investigaciones serias y transparentes que deconstruyen su propaganda. Como indica Ip Integrity:

Hadopi cita cuatro figuras muy distintas para explicar el declive del tráfico P2P. Estas figuras van del 17% en un estudio financiado por IFPI y 66% en un estudio financiado por ALPA. La gran disparidad se merece mayor escrutinio.

Los lobbies pro-copyright siempre evaden el debate político que necesariamente implica la propiedad intelectual al ser un tema de interés público y de impacto en la vida cotidiana — lo curioso es que ahora esta retórica es explotada por un candidato presidencial para hacer campaña política. Sarkozy describe la represiva ley HADOPI como un triunfo:

(HADOPI) consolida indiscutiblemente el papel pionero de Francia en la adaptación de las industrias culturales en la era digital.

Risas grabadas.

Una vez más, estos estudios solo funcionan como un auto-disparo en el pie de la industria y que revela que hacer propaganda no es muy efectivo en un mundo donde la realidad cultural es muy distinta a lo que ellos quieren que sea.

Dicen por ahí que hay tres formas de combatir la piratería: acciones legales interminables, bloqueo legal o creando ofertas alternativas para el acceso legal a material con copyright.

Las dos primeras han fallado… la tercera es algo a lo cual simplemente se niega en hacer las víctimas de la piratería. ¿Por qué? ¿No será que la necesitan?

Mientras tanto…el sol sale cada mañana, el file-sharing es una práctica socialmente aceptada por una gran mayoría que reconoce sus beneficios para la distribución y consumo de bienes digitales, y el copyright sigue debilitando democracias que una vez fueron cuna de la justicia, la libertad y la equidad. Mañana será otro día.

Imagen J’affiche