Malos tiempos los que se presentan para la privacidad en la red y el uso de las nuevas tecnologías. Si estos días hemos hablado de RIM y el conflicto generado en torno a los disturbios en Londres y la necesidad o no de que la compañía coopere con las fuerzas del orden aportando datos privados de los clientes, India da un paso más allá. Milind Deora, Ministro de Comunicaciones del país, ha exigido al Ministerio de Interior la monitorización de las redes sociales más importantes. La razón, prevenir rebeliones y la proliferación del terrorismo en las mismas.

Amparados en las nuevas reglas que se aprobaron y entraron en vigor este año en el país, esas por las cuales cualquier sitio web o proveedor que opere en la región está obligado a proporcionar a las agencias de seguridad del gobierno información sobre las cuentas privadas de sus usuarios, el gobierno quiere mantener a todos los ciudadanos vigilados y controlados en la red. Unas medidas extremas si pensamos que la petición de todo el material de las webs, incluídas las contraseñas, se pueden pedir sin orden judicial de por medio.

Actualmente en el país ya obligaban al acceso por parte de las autoridades al cifrado de los correos electrónicos y al servicio de Blackberry Messenger. Lo que ahora se pretende es entrar de lleno en las redes más populares de India. Skype, Google, Twitter y Facebook se preparan para una batalla legal que choca con la propia aplicación de sus políticas de privacidad existentes en Estados Unidos.

Lo primero que tenemos que pensar es que de llevarse a cabo, en la India reinaría un estado de desconfianza entre los usuarios con aquello que se dice o se hace dentro de la red. Esto es precisamente lo que quieren evitar las grandes redes.

Tanto Twitter como Facebook o la propia Google han explicado que no están dispuestas a compartir tal información a menos que exista una orden judicial. Así reza la mayoría de las políticas legales de las compañías. Además, en el caso de Facebook se amparan en la ley federal de los Estados Unidos, la cual prohíbe la divulgación de los contenidos de las cuentas a menos que exista citación previa.

El temor a los usos que se hacen en el interior de las redes sociales parece trasladarse a los gobiernos en una especie de estado de alerta. La demonización de las mismas, buscando acotarlas amparados en una mayor seguridad o en la proliferación de vandalismo o del terrorismo se presenta como una batalla de presente y futuro entre compañías y gobiernos.

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